El nuevo decreto de orientación educativa ha empezado a rodar entre baches. Los sindicatos no han visto con buenos ojos el borrador de un texto que debería entrar en vigor el próximo curso y que, entre otras cosas, deroga los actuales Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPE), lo que se intenta contrarrestar con un aumento del 32 % de la plantilla de orientadores (se pasará de 612 a 801 y estarán en los claustros de cada centro) y creando equipos de orientación en los colegios públicos de Infantil y Primaria y Especial. Además, también se forman tres unidades especializadas provinciales, según detallaron desde Educación el pasado lunes, cuando la dirección general de Educación Inclusiva se reunió con los directores de los SPE.

El texto provisional indica que las tareas de los servicios que se desmantelan serán asumidas por «los equipos, departamentos y unidades de orientación educativa»; y que los profesionales de Orientación educativa y de Audición y Lenguaje (AyL) serán reubicados en algún centro de la Generalitat o una unidad especializada de orientación, mientras que aquellos que estén en los institutos mantendrían su destino.

Los sindicatos Stepv, CSIF y CC OO pidieron ayer a la conselleria aplazar la negociación del futuro decreto, para tener tiempo para estudiarlo y presentar alegaciones. La Federació d’Ensenyament de CC OO critica que han tenido «menos de tres días» para valorar una propuesta «de amplísima afectación para los centros, personal educativo y alumnado».

Para CC OO, la mejor opción es abordar la cuestión en una mesa técnica de urgencia, en lo que coinciden en CSIF, pues ven adecuado tratar el nuevo modelo de atención a la inclusión «en el seno de un grupo de trabajo o mesa técnica, donde administración, SPE, centros educativos y sindicatos aporten sus ideas». Stepv —que también echa en falta «un trabajo previo de consulta, debate y consenso con el sector»—, defiende que «no se tienen que desmantelar los SPE, sino precisamente todo lo contrario, reforzarlos».

Atención temprana

Los cambios en el modelo de atención inclusiva en Educación llegan pocos meses después de que la Conselleria de Políticas Inclusivas instara a los Centros de Atención Temprana (CAT) —otra rama que atiende a los menores que necesitan apoyo— a que dieran de alta a aquellos que tengan soportes educativos en las escuelas. Así figuraba en una instrucción que argumentaba evitar «duplicidades» en la recepción de varios recursos a la vez, aunque hasta ahora los menores eran atendidos en los CAT hasta los seis años, con una labor que se sumaba al trabajo de los colegios.

Ahora, el futuro decreto de Educación incluye, entre otros puntos, que los nuevos equipos de orientación (que asumirán la labor de los SPE y parte de los CAT) se encargarán de la prevención y detección temprana de las dificultades de aprendizaje y de las desigualdades, de las medidas de inclusión para contrarrestarlas; así como de la coordinación «con los agentes y servicios educativos, sanitarios, sociales, culturales y laborales».

Antes de la escolarización, también deberán planificar y coordinar las necesidades específicas de apoyo educativo y de compensación de desigualdades que requiera cualquier escolar.

34 puntos por toda la C. Valenciana

La Comunitat Valenciana cuenta con 34 servicios psicopedagógicos escolares (SPE): 12 en municipios de Alicante, 5 en Castelló y 17 de en València. Ayer, los trabajadores de estos puntos emitieron un comunicado en el que recuerdan que llevan funcionando más de 30 años y que son «bandera de la inclusión» en las aulas. Defienden la «visión de conjunto» que tienen del sistema educativo y recuerdan que el decreto de inclusión de 2018 cuenta con ellos (en un artículo que el nuevo decreto contempla derogar).