La polémica por los vacunados fuera de protocolo se cobra su primera víctima. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, pidió anoche la destitución de la directora de Salud Pública del departamento de València, Elvira Mensat, tras comprobar que en un informe afirmaba que carecía de instrucciones específicas de la conselleria sobre cómo actuar con las dosis sobrantes de los viales de la vacuna de Pfizer BioNtech.
A ello se le une además el hecho de que el citado informe haya trascendido en prensa sin que la consellera conociera el contenido del documento. Barceló estaba visiblemente molesta por este hecho durante la comparecencia de prensa para informar de las investigaciones sobre las vacunas administradas irregularmente.
Según pudo confirmar este diario, la consellera ha pedido a la directora general de Salud Pública, Ofélia Gimeno, la destitución de su subordinada después de obtener el informe de esta y de que la propia Gimeno haya negado por escrito que «en ningún caso» se puede afirmar que no existieran instrucciones de la conselleria con respecto a las llamadas dosis sobrantes de la vacuna.
La alta funcionaria, elegida por Gimeno para el puesto que ahora ocupaba y que ya había sido responsable de salud pública en el departamento del Baix Maestrat, es el primer cargo que cae tras la polémica por las vacunas administradas a personas a las que no les tocaba.
Según informó ayer la consellera de Sanidad en total son 62 las personas a las que se investiga por esta vacunación anticipada donde, según expresó, «puede haber personal de todo tipo, pero que no debería haberse vacunado». El listado era mucho más amplio, confirmó la consellera Ana Barceló. Concretamente de 233 personas, pero desde Sanidad se comprobó que en las otras 171 sí que estaba justificada la inoculación de esta primera dosis.
Los más señalados son los 10 cargos públicos a los que se les ha abierto expediente con diligencias previas y a los que se investiga para determinar de quién fue la responsabilidad de que recibieran dicha inmunización pese a no ser parte del primer grupo de vacunación. En este lote se encuentran el ex fiscal jefe de Castelló, seis alcaldes, de los cuales uno cuenta, a su vez, con responsabilidades en la Diputación de Alicante; otro diputado en la institución provincial y tres concejales de diferentes ayuntamientos.
También se investiga al personal sanitario de la propia conselleria por si en alguno de estos casos ha podido intervenir en alguna inoculación anticipada para lo que se han abierto nueve expedientes informativos.
El documento que ha causado la destitución de la responsable de Salud Pública de València y que Barceló aseguró conocer solo por los medios de comunicación es el que se refería al alcalde de Rafelbunyol, Fran López, quien recibió la primera dosis el día 27 de diciembre en la residencia Virgen del Milagro de esta localidad de l’Horta. Al final de la jornada, tal como se expresa en el informe de la directora del departamento de Salud Pública de València, «se le ofreció la última dosis al alcalde» que, según precisa, «en ningún momento solicitó expresamente ser vacunado».
Cargos bajo sospecha
Entre estos 10 cargos vacunados también destaca la sospecha de Sanidad de que tanto el alcalde de Villahermosa del Río, Luis Rubio; el de Benlloch, Ángel Ribes, como el responsable del centro de salud mental Doctor Esquerdo y diputado provincial, Juan Bautista Roselló, se autoincluyeran en el listado que llegó a Salud Pública con las personas que debían recibir la primera dosis en centros de dependencia.
También en una residencia recibió la vacuna Bernabé Cano, munícipe de La Nucía y diputado provincial, centro al que entró sin autorización (incumpliendo el protocolo). Allí fue vacunado por personal de la residencia privada por lo que Sanidad investiga si habían trabajadores de la conselleria.
Por último, más complicada es la situación del fiscal jefe de Castelló, José Luis Cuesta Merino. Es el departamento de recursos humanos del Hospital General de Castelló el que está estudiando la situación. Cuesta fue vacunado en el centro de salud en el que su mujer es coordinadora y donde ha desaparecido un vial con seis dosis de vacuna. «Dentro de las posibilidades, cuando se investiga cabe todo», sentenció Barceló.
La Fiscalía no actuará de oficio
La Fiscalía Provincial de València esperará a recibir alguna denuncia formal y no actuará de oficio contra los cargos públicos que se vacunaron de forma anticipada sin respetar el turno de vacunación de la Conselleria de Sanidad. Así ha sucedido en la provincia de Alicante y en Murcia. Aunque según fuentes del ministerio público el asunto tiene un encaje legal complejo y forzado ya que el delito más asemejable sería el cohecho impropio «recibir dádiva o regalo por su cargo o función». Aunque decir que una vacuna es un regalo parece de «difícil encaje»
