Después de tantos sinsabores el Consell Jurídic Consultiu ha dado una alegría a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, ya que, en términos generales, salva el decreto elaborado por este departamento que dirige Gabriela Bravo. El dictamen favorable, al que ha tenido acceso este diario, no cuestiona, como sí hizo el informe de la Abogacía de la Generalitat, el grueso de la nueva regulación del teletrabajo en la Generalitat ya que sólo recoge tres observaciones esenciales y sólo una de ellas, de cierto calado, con respecto a las aspiraciones de la conselleria: el veto a que los puestos clasificados con nivel 30, es decir, alto funcionariado pudieran hacer trabajo no presencial. Esta era una de las cuestiones más discutidas internamente en el Consell, tanto por sindicatos como por los departamentos de Compromís, y que había sido puesto en solfa por el informe de la Abogacía de la Generalitat. El CJC acepta las alegaciones de Justicia de que en muchos casos las funciones de estos puestos deben hacerse presencialmente, pero descarta que esta prohibición pueda establecerse con carácter general. “La exclusión de tales puestos de trabajo con complemento de destino 30 debería reservarse para los Programas de Teletrabajo, en los que, de forma justificada, se detallen los puestos que pueden ser o no desempeñados en régimen de teletrabajo. Ello permite una mayor potestad de autoorganización en favor de los órganos proponentes del Programa, quienes pueden justificar, en mayor medida, la exclusión de tales puestos”, apunta como observación esencial.

Es decir, las subsecretarías tendrán margen para permitir a altos funcionarios que teletrabajen. Las otras dos observaciones esenciales son más de tipo técnico y tienen que ver con la forma en la que la conselleria ha regulado la obligación de los cursos de formación y las situaciones derivadas del cese de una persona teletrabajadora. En todo caso, son cuestiones de menor calado..

El Jurídic no cuestiona ni los programas de teletrabajo necesarios para poder optar voluntariamente a esta modalidad de trabajo ni la evaluación por objetivos de quienes se acojan a esta fórmula.

No es de extrañar que fuentes de la Conselleria de Justicia, tras el varapalo del informe de la Abogacía de la Generalitat, indiquen que existe una gran satisfacción con el dictamen porque respeta el espíritu de la norma y demuestra, apuntan, que era una norma bien construida. Y es que el aval del organismo consultivo facilita a la Conselleria de Justicia seguir adelante con la nueva norma. Un informe tan crítico como el del letrado de la Generalitat habría supuesto un contratiempo importante. Tendrá, eso sí, que incorporar las observaciones esenciales, pero no, como le pedía la Abogacía de la Generalitat, volver a empezar de cero. El decreto, con todo, aún deberá pasar por el pleno del Consell, donde existían clara división interna sobre cómo abordar el futuro del teletrajo en la Generalitat.