La olla a presión ha acabado explotando. La dimisión de dos consejeros, las sospechas de irregularidades en el proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos y los irreconciliables desencuentros internos en el seno de Divalterra han conducido al presidente del consejo de administración de la empresa pública de la diputación a un callejón sin salida. Tanto es así que el diputado Ramiro Rivera (PSPV) ha decidido solicitar la intervención urgente de la junta general de Divalterra para que tome el mando de la entidad. Es la única salida que encuentra Rivera para desbloquear el último entuerto en la firma de las brigadas, después de que el consejo de administración de ayer fuera incapaz de llegar a un acuerdo sobre qué hacer con la contratación de la responsable de Personal.
La junta general es el órgano de gobierno de Divalterra, está encabezada por el presidente de la Diputación de València y la integran los diputados con representación en el pleno. Su perfil es netamente político, mientras que el consejo está mayoritariamente compuesto por técnicos. Fuentes próximas a la presidencia del consejo justifican la decisión de pedir su intercesión ante la «imposibilidad» de resolver «aspectos importantes para la empresa». Rivera considera que la diputación ha de tomar cartas en el asunto ante la actual situación de «inoperatividad» del consejo, que se ve agravada con la dimisión ayer de dos consejeros: el vicepresidente Emili Altur, que representaba a Compromís, y Jorge Ochando, que pertenecía a Ciudadanos (Cs). Ambos se habían mantenido en el órgano de administración desde la pasada legislatura. Ochando, que alegó motivos personales tras su salida, fue uno de los denunciantes de las contrataciones bajo el mandato de Jorge Rodríguez que propiciaron la Operación Alquería. La convocatoria de la junta general de Divalterra estaba prevista para el próximo martes, con el objetivo de aprobar el relevo como consejero del diputado expulsado del PP, Carlos Gil. La petición de Rivera implicaría ampliar el orden del día, una necesidad urgente para el presidente de Divalterra con tal de que la diputación tome las decisiones que correspondan y garantice «la adecuada operatividad» de la empresa y sus trabajadores.
División interna
El consejo de administración de ayer aplazó la decisión sobre si debe repetirse o no el proceso de selección de la actual jefa de Recursos Humanos en medio de un clima de gran división interna avivado por el informe del director jurídico de la empresa, José Luis Vera, que señala una docena de posibles irregularidades desde las bases de las convocatoria hasta la elección de la ganadora.
Dicho dictamen instaba al consejo a admitir el recurso presentado por el segundo clasificado en el procedimiento, José Fambuena, y a realizar una nueva valoración de los méritos de la ganadora de la plaza, Eugenia Fernández, cuyo contrato fue firmado por el gerente hace más de un mes, desoyendo la paralización del proceso solicitada por el presidente, Ramiro Rivera.
La propuesta de resolución del director jurídico debía votarse ayer, pero las discrepancias fueron tan grandes que acabó dejándose encima de la mesa. Varios miembros del consejo, incluido el gerente -cuya actuación también ha puesto en tela de juicio Vera- cuestionaron la legitimidad del informe y reiteraron la postura del tribunal cuando rechazó suspender el procedimiento tras el recurso de Fambuena.
