Un año y cinco meses. Es el tiempo que ha tardado en descomponerse el nuevo consejo de administración de Divalterra, que surgió de las elecciones de 2019 con un perfil mayoritariamente técnico. La dimisión de la tesorera, Beatriz Moreno, elevó ayer a cinco las bajas que acumula el órgano de gestión de la empresa de las brigadas en apenas dos semanas, con la última crisis interna desatada a raíz de las sospechas sobre las posibles irregularidades en la contratación de la jefa de Personal como telón de fondo.
La misma semana en la que la Fiscalía ha pedido penas de cárcel para la anterior cúpula de Divalterra, el presidente del consejo, Ramiro Rivera (PSPV), ha decidido activar el botón de emergencia y pedir auxilio al pleno de la Diputación de València para salir del último atolladero en el que se ha metido la entidad.
La llamada de Rivera para que tome el control de Divalterra la junta general -con un perfil político- se produjo después del tenso consejo del jueves, en el que la profunda división interna obligó a aplazar la votación sobre la propuesta del director jurídico de la empresa, que aboga por repetir el proceso de selección de la responsable de Recursos Humanos a pesar de que la ganadora firmó hace un mes su contrato, cuando el gerente desoyó la petición del presidente de paralizar el procedimiento.
En la misma reunión comunicó su renuncia por «motivos personales» el consejero que representaba a Ciudadanos en la entidad, Jorge Ochando. En el anterior consejo, celebrado solo una semana antes, presentaron su dimisión el vicepresidente Emili Altur (Compromís), que ya llevaba tiempo queriendo marcharse por motivos laborales, y el exjefe de la Unidad de Preselección, José Javier Cuenca, que dejó la diputación para incorporarse a la Conselleria de Justicia en diciembre.
A estas cuatro bajas se suma el relevo de Carlos Gil como consejero en representación del PP, después de que el diputado haya sido expulsado del grupo popular. Aunque la sustitución de Gil por el asesor y concejal del PP José Morgan se materializará en la junta general del próximo martes -al igual que Compromís y Ciudadanos tienen previsto cubrir el vacío dejado por sus representantes- el número de dimisiones no deja de ser significativo en un consejo de nueve miembros y en un momento en el que la sombra de otro proceso judicial vuelve a planear sobre Divalterra. De momento, la Agencia Antifraude mantiene abierta una investigación.
Una junta general clave
En la junta general deberá abordarse tanto la reordenación del consejo de administración como la petición del presidente de Divalterra para que la diputación resuelva el bloqueo y la «inoperatividad» interna y adopte decisiones respecto a las irregularidades señaladas por el jefe jurídico.
El presidente de la diputación, Toni Gaspar, no tenía ayer una postura definida. Primero quiere analizar una situación que es inédita y hacer las consultas oportunas antes de plantear la propuesta más adecuada para «proteger el interés público» y los intereses de la corporación. En todo caso, la última decisión está en manos de la junta general.
En Compromís, que comparte gobierno con el PSPV, evitan por el momento pronunciarse sobre el último lío en Divalterra. Como la oposición, sus diputados afirman haberse enterado por la prensa de la llamada de urgencia del presidente del consejo. La coalición valencianista se mantiene al margen de la polémica y recalca que son sus socios quienes ostentan el control de la firma.
Tras el caso Alquería, Gaspar abogó por dotar de un perfil mayoritariamente técnico al órgano de gestión de Divalterra. Aunque desde Compromís reiteran su confianza en la gestión de la entidad y hacen hincapié en la complejidad de la situación generada, algunas fuentes comienzan a arrojar dudas sobre la eficacia del modelo adoptado.
El presidente y el secretario del tribunal entraron «a dedo» en la empresa
Tanto el presidente como el secretario del tribunal que eligió a la nueva jefa de Personal de Divalterra accedieron a la empresa de la diputación sin ningún proceso de valoración de méritos, tras pasar una entrevista como único método de evaluación, el primero en 2015 y el segundo en 2013, este último bajo la gerencia del «yonqui del dinero». El informe del jefe jurídico considera que el gerente vulneró el principio de imparcialidad por nombrar presidente del tribunal a quien en ese momento era el jefe de Personal y ahora trabaja como subordinado de la ganadora de la plaza.
