La guerra abierta entre directivos de Divalterra por las presuntas irregularidades detectadas en la incorporación de la jefa de Personal ha extendido el foco de las sospechas a otros procesos de selección de la empresa de las brigadas de la diputación.
Una semana después de firmar el acuerdo de contratación de la responsable de Recursos Humanos que, según el jefe jurídico de Divalterra, José Luis Vera, incurrió en fraude de ley, el gerente de la entidad, Antonio Mas, activó las bases de un nuevo procedimiento para la selección de dos programadores informáticos especializados en Sistemas de Información Geográfica (SIG) cuyos criterios favorecen a dos empleados del Servicio de Información Territorial que comenzaron a trabajar en la firma a las órdenes del propio Mas cuando éste dirigía el citado departamento, del que fue responsable desde su llegada a la antigua Imelsa en 2009 (bajo la gestión del PP) hasta septiembre de 2018.
Los dos aspirantes, ambos ingenieros topógrafos como el gerente, comenzaron a ejercer como programadores SIG en Divalterra pocos meses antes de que Mas tomara las riendas de la empresa tras el caso Alquería. Ahora optan a un contrato indefinido a tiempo completo. A la espera de que se publique el resultado de las dos últimas fases de la convocatoria, los dos exsubordinados de Mas obtuvieron la mejora nota en la primera prueba evaluadora de conocimientos, con 33 y 26 puntos respectivamente, frente a otro candidato ajeno a la empresa que pasó el corte de la eliminatoria con 18,35 puntos. Un cuarto no superó el examen y una quinta no se presentó.
El peso de la experiencia en la firma
Los empleados de Divalterra parten con ventaja en la fase de valoración de méritos (que representa el 45% del resultado final), puesto que las bases otorgan el doble de puntos por cada año de experiencia laboral a aquellos que ya han trabajado en la entidad. Una cláusula que no aparece reflejada en los últimos procedimientos de selección para cubrir plazas de programadores informáticos o de técnicos en otras materias y que se justifica por el grado de especialización de la tarea.
El gerente designó un tribunal evaluador compuesto por dos analistas de su antiguo departamento bajo la presidencia de Vicente J. Domingo como jefe de Recursos Humanos, a pesar de que en ese momento Mas acababa de aprobar la contratación de una nueva responsable de Personal en el proceso que ha desatado la última tormenta en la firma y que el jefe jurídico de Divalterra ha pedido anular tras señalar múltiples irregularidades. El gerente desoyó la orden del presidente del consejo de paralizar los trámites.
Vera cuestionó la imparcialidad de Domingo como presidente del tribunal del concurso de Recursos Humanos por su interés en el perfil escogido, puesto que ha pasado de ser el jefe a mantener una relación de subordinación con la nueva responsable. Mas justificó el relevo de Domingo (que accedió al puesto sin pasar un examen) por la necesidad de otro perfil al frente de Personal, pero decidió mantenerlo como «responsable de desarrollo» por su «valor profesional». Para evitar que quedara demasiado degradado en la escala salarial, impulsó una reclasificación de su nueva plaza de técnico, que pasó de quedar encuadrada en el grupo 3 al grupo 2, un escalón por debajo de su anterior categoría.
El 20 de enero, Domingo firmó una resolución que solo admitía como aspirantes a las plazas de programadores a los dos exsubordinados de Mas, aunque el listado acabó ampliándose a cinco personas tras las alegaciones de otros candidatos. Más tarde, el tribunal corrigió al alza la puntuación provisional otorgada a una empleada.
En 2020, el gerente promovió una batería de cambios en los procesos selectivos que ampliaron considerablemente sus facultades en lo relativo a la aprobación de las bases sin pasar por el consejo o a la hora de exigir requisitos en las baremaciones.
Pulso entre Antifraude y el director jurídico de la entidad
El rompecabezas en que se ha convertido Divalterra tras la contratación de la jefa de Personal tiene cada vez peor arreglo. Frente a las irregularidades señaladas por el jefe jurídico de la entidad, José Luis Vera, la Agencia Antifraude ha validado el resultado del proceso. Las conclusiones de la investigación -avanzadas por Valencia Plaza- rechazan la petición de Vera de suspender el concurso -pendiente de votarse en el consejo- y avalan la decisión del tribunal de no admitir el recurso de un candidato, apelando a que la firma se rige por el derecho laboral.
