La ex directora general de Función Pública entre los años 2012 y 2015, Ana Brugger, ha negado ante las magistradas de la sección primera que la juzga haber ayudado a copiar a una amiga durante unas oposiciones a técnicos de la administración de la Generalitat (grupo A) el 10 de marzo de 2018. También ha negado los hechos la otra acusada, María Gonzalbez, la opositora que aspiraba a ser funcionaria y que actualmente asesora a Vox en el grupo parlamentario de las Corts. Una negación de los hechos corta y escueta ya que ambas solo han accedido a responder a sus respectivos abogados que piden la libre absolución para ambas.
Aunque el relato de las otras dos funcionarias que acompañaban a Brugger en la vigilancia de los opositores el día de la prueba ha resultado minucioso, detallado y extenso. Sobre todo el de la primera testigo, con 30 años de experiencia como funcionaria, y colaboradora habitual en la vigilancia de oposiciones. Según el relato de ambas funcionarias, ya desde el inicio de la prueba les sorprendió que Brugger “fuera a saludar a una amiga que iba a hacer el examen. No me pareció bien”, aseguró una de ellas. En el transcurso de la prueba, Brugger se sentó al final del aula y sus compañeras de vigilancia se extrañaron que no cesaba de escribir. Una de las funcionarias se acercó a Brugger para interesarse por lo que estaba escribiendo. “Manualidades”, asegura que le contestó Brugger. Aunque la testigo aseguró que pudo ver como las palabras escritas aludían a “la ley de riesgos laborales” uno de los dos temas que habían salido por sorteo y que los opositores debían desarrollar.
Esta actitud extraña alertó a las dos funcionarias que decidieron no perderla de vista. Hasta que una de ellas vio como Brugger deslizaba los folios que había estado escribiendo sobre la mesa que ocupaba su amiga, según el relato de esta testigo. “Ella se acercó a la altura de su amiga, cogió los papeles escritos y otros en blanco y los dejó encima de la mesa que ocupaba su amiga, mientras la tapaba con el cuerpo”. Las tres mujeres debieron pasar momentos de mucha tensión. Todos los hechos se desarrollaban en medio de una oposición a grupo A “que muchas personas llevaban tiempo esperando” por lo que las dos funcionarias decidieron actuar “de manera discreta” para que el resto de opositores pudieran acabar su examen sin interrupciones.
Cuando finalmente pudieron comunicar los hechos a su inmediata superior, ya en el “aula de incidencias”, ambas mujeres aseguran que Brugger se les acercó “pidiendo perdón y asegurando que ‘todo había sido un error y que no volvería a ocurrir’”.
Las funcionarias acabaron denunciando los hechos ante la Agencia Antifraude ante las indicaciones que recibieron de que no presentaran nada por registro de entrada todos los hechos ocurridos durante las oposiciones del 10 de marzo de 2018.
La Fiscalía pide tres años de inhabilitación y multa de 20.000 euros para Brugger. El sindicato CGT, que ejerce la acusación popular, reclama seis años de cárcel para Brugger y tres para Gozalbez por los presuntos delitos de falsedad documental.
