No quieren una tarea más porque están al borde del colapso. El Colegio Oficial de Trabajo Social de València afirma que entre las tareas encomendadas a los equipos de Servicios Sociales de Atención Primaria, no se encuentra "la de expedir certificados para la solicitud de esta prestación gestionada por la Seguridad Social (INSS)", un requisito que se incluye en el último Real Decreto en torno al Ingreso Mínimo Vital. Y así se lo han hecho saber a la vicepresidencia y conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, siguiendo la línea que expone el Consejo General del Trabajo Social. Y es que, para solucionar el problema que había supuesto que muchos usuarios se quedaran fuera de la ayuda prevista por el Gobierno para los más vulnerables, se emitió un decreto que obliga a incluir en la documentación un certificado de vulnerabilidad que deben emitir desde lso servicios sociales. Y estos no están dispuestos a asumir más trabajo.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de València entiende que esta "prestación tiene que ser gestionada y tramitada por el organismo estatal competente, que es la Seguridad Social, encargada también de informar a la ciudadanía, y en ningún caso tiene que requerir ningún tipo de informe emitido por los Servicios Sociales de Atención Primaria".

Desde el organismo colegial de la provincia de València se ha pedido, a través de una misiva, a la Dirección General de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos que, en la medida de sus posibilidades, competencias y comunicaciones, inste "al Gobierno central para que trabaje hacia una prestación de derecho subjetivo, no contributiva, incondicional y universal dirigida a toda la ciudadanía, es decir, la Renta Básica Universal, lo que supone la necesidad de una mayor dotación de medios y recursos para garantizar su acceso, como por ejemplo la incorporación de trabajadoras y trabajadores sociales en la Seguridad Social".

"La situación descrita contribuye al colapso de las entidades locales, además de suponer un riesgo en la atención de las personas que requieren intervención o acompañamiento profesional de los Servicios Sociales municipales en la lucha contra la exclusión social", añaden.

Además, añaden que la gestión del IMV "no es acorde con la situación de urgencia del momento producida por la crisis sanitaria, social y económica de la COVID-19" y que "se tiene que garantizar la responsabilidad pública en las prestaciones sociales básicas". También destacan la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana para "que sirva como punto de partida para la creación de una ley marco estatal de Servicios Sociales, cosa que se viene pidiendo desde el Consejo General del Trabajo Social desde hace tiempo". Y reclacan que el Real decreto ley en el que se estableció el IMV, el 29 de mayo de 2020, "dice que se trata de una prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva".