Vuelta a la casilla de octubre. El final del estado de alarma como anunció ayer Pedro Sánchez el próximo 9 de mayo supondrá un nuevo giro que recaerá, principalmente, en los gobiernos y tribunales de justicia autonómicos. Estos serán los que al final acaben validando muchas de las decisiones y señalando si se ajustan o no a derecho. Porque el paraguas del estado de alarma era amplio y a partir de mayo lloverán las interpretaciones.

Entre las medidas que señalan los expertos consultados por Levante-EMV es que el Consell no podrá establecer una limitación de movilidad nocturna (el llamado toque de queda) ni decretar el cierre de la Comunitat Valenciana como el ahora vigente. «Estas dos cosas no son posibles sin una cobertura del estado de alarma porque supone una restricción muy potente de los derechos fundamentales», asegura el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València, Vicente Garrido Mayol.

En este sentido, la también catedrática de Derecho Constitucional Remedio Sánchez explica que se podría limitar a partir de una Ley Orgánica (como, por ejemplo, la de Salud Pública), pero que esta «solo puede ser aprobada por las Cortes Generales —Congreso y Senado— y no por las comunidades autónomas». Asimismo, critica que no se haya avanzado «nada» en esta línea en los últimos 13 meses y que se haya utilizado el estado de alarma «como una norma cuando es una situación excepcional».

Para Manuel Alcaraz, exconseller de Transparencia y doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, el estado de alarma «sí plantea una serie de posibilidades de suspensión de derechos que no puede hacer una comunidad autónoma». Así, indica que no habría inconveniente en regular horarios comerciales o aforos de establecimientos, pero sí que habría más dificultades para otros asuntos como el cierre perimetral. «A no ser que la situación fuera muy grave y se pudiera justificar», apostilla. También, añade que será clave la «coordinación» entre las autonomías.

Inseguridad jurídica

Precisamente esa coordinación es uno de los puntos que más complicado ve Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional y exmagistrado del TSJ hasta 2019. «Ya ha pasado que el Consejo Interterritorial acuerda a una medida y una autonomía se opone y el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad tumba el acuerdo porque no es una ley», explica. Por eso, destaca que «volvemos a la inseguridad jurífica de otoño donde tendrá mucha importancia qué validen los tribunales de cada autonomía».

Fuentes oficiales de la Generalitat aseguran estar «con el trabajo ya hecho» y que ya miraban al 9 de mayo con la previsión de que finalizase el estado de alarma. Así, defienden que se afronta la fecha en primer lugar, con una situación sanitaria «favorable», aunque conscientes de que «el virus es cambiante». Además, indican que cuentan con herramientas jurídicas «consolidadas» ya que, recuerdan, el TSJ dio validez a medidas aprobadas por el Consell como la limitación de reuniones, el cierre del ocio nocturno o, incluso, la restricción de movilidad nocturna dos días antes del estado de alarma.