Después de dos décadas sin nuevas dotaciones sociales públicas, el Consell pisa el acelerador para suprimir carencias históricas. El Botànic empezó su andadura centrado en garantizar las ayudas directas (la Renta Valenciana de Inclusión, las ayudas a la Dependencia, las prestaciones a familias de acogida o monoparentales...), luego aprobó la ley de Servicios Sociales, diseñó un mapa de carencias y ahora anuncia un plan de infraestructuras para potenciar la red con una inversión de 561 millones para realizar 247 actuaciones y crear 3.500 puestos de trabajo directos y 6.600 plazas en residencias y centros de día.
El Botànic habla de «inversión» y no de «gasto», en aras de dignificar los servicios sociales y erradicar su estigma. A nadie se le escapa que no se ve con el mismo prisma tener un médico de familia que un asistente social ya que el segundo se percibe como una figura a la que se accede por «ser pobre» y por «tener necesidad», y la pobreza es algo que se esconde porque avergüenza y se asocia al fracaso. La pobreza se hereda, y así lo aseguran las entidades sociales que trabajan con los más vulnerables y ponen el foco en la necesidad de potenciar una red social fuerte que cubra los desajustes, las desigualdades y los desequilibrios que se arrastran desde la cuna.
Sin embargo, la necesidad de contar con la red de asistencia social también puede llegar en cualquier momento y en la gran mayoría de las ocasiones llega cogida de la mano de la enfermedad, del paso del tiempo y del paro. Si uno enferma, tiene un accidente y ve mermada su capacidad de trabajo, o de obtener ingresos, los recursos propios, antes o después, se acaban. Las facturas, mientras, continúan.
Por eso es preciso contar con un sistema potente de asistencia social al que poder recurrir cuando la ciudadanía lo precise. Sobre todo tras la crisis económica de 2008 que perpetuó la figura del «trabajador pobre» y dejó al 27% de la población en la Comunitat Valenciana en riesgo de pobreza (1.342.143 personas), mientras que el 10,4% estaba en situación de pobreza severa una década después de que estallara la burbuja inmobiliaria. Además, esos datos (año 2019) reflejan una situación «prepandemia» ya que las consecuencias económicas y sociales de la llegada de la covid-19 están por determinar y se presuponen devastadoras.
Derechos sin caridad
La asistencia social no es caridad y los valencianos tienen derecho a una serie de prestaciones, pero también tienen derecho a una plaza residencial si no pueden vivir solos en su casa, a una ayuda de asistencia a domicilio si necesitan ayuda para levantarse por las mañanas, a un centro ocupacional si un accidente de tráfico les deja secuelas o a un centro de día si necesitan estar activos ciertas horas en un entorno diferente al del domicilio. Y en la actualidad, no hay. La Comunitat Valenciana es una de las autonomías con mayor falta de infraestructuras en el ámbito de servicios sociales tras décadas donde solo se han realizado inversiones puntuales, aisladas y con la empresa privada de por medio.
De hecho, hace 20 años que no se impulsan infraestructuras de servicios sociales de gestión pública por parte de la Generalitat Valenciana y por ese mismo motivo «hay carencias en plazas residenciales, de atención diurna, servicios de ayuda a domicilio y también en otro tipo de recursos de nueva creación para personas mayores, con diversidad funcional, con problemas de salud mental, así como personas en situación de dependencia y en atención a mujeres víctimas de violencia de género». Así consta en el informe «Convivint», un plan de construcción de infraestructuras de servicios sociales que el Botànic abordará entre 2021 y 2025 y que «reconstruye» el sistema para los próximos 15 o 20 años donde hoy hay un auténtico desierto social.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, aseguró en la presentación del plan que cuando el Botànic empezó su andadura «nos encontramos un sistema de servicios sociales que no era un sistema porque no tenía ni orden ni concierto, con 542 reinos de taifas basados en el asistencialismo. Sin mapa de recursos, sin construir nada público, con un desorden de competencias que llevaron a la duplicidad y a las carencias».
En el análisis que muestra la radiografía actual, el mapa de necesidades presenta deficiencias en todas las áreas y en todos los departamentos, aunque se especifica que donde hay más recursos es donde más se necesitan. «En muchas ocasiones se da esta paradoja porque las listas de espera son mayores en las comarcas con más dotaciones mientras que en otros departamentos no hay aparentemente demanda por algunos tipos de recursos ya que se derivaba la gente a otros centros menos adecuados a las necesidades de la persona usuaria», explica el informe.
Lo que hay y lo que habrá
Así, en la asistencia a personas mayores faltan recursos en la ciudad de València, en Elx y en Alicante y un «déficit estructural de plazas públicas». «Existe una carencia de plazas para mayores en las grandes ciudades ya que la cobertura de plazas financiadas con fondos públicos es 16 veces mayor en el departamento de Requena que en la ciudad de València», asegura el análisis de la conselleria.
Mejorar la ayuda a domicilio
Sin embargo, en la planificación realizada queda claro que para dar respuesta a las necesidades de los mayores hay que «mejorar el servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia, así como el resto de prestaciones reconocidas por la ley de Autonomía personal y atención a la dependencia» ya que el objetivo principal es «priorizar que las personas estén el máximo de tiempo posible en sus hogares» para pasar a módulos residenciales (centros más pequeños que sustituyan a las macroresidencias) cuando ya no sea posible. El plan «Convivint» prevé para los mayores la construcción de 100 nuevos centros con 279 millones que duplican las residencias públicas al pasar de las 39 actuales a las 72 previstas y multiplica por 12 los recursos diurnos.
En diversidad funcional, el mapa actual plantea grandes carencias en València, Baix Maestrat y Les Marines. El informe recalca el trabajo realizado hasta ahora «en la profesionalización del sector con la figura de la acción concertada y la implementación del contrato programa». El plan que diseña el futuro en la atención social plantea la construcción de 27 nuevos centros (17 nuevas residencias y 10 centros diurnos) con 81 millones de euros de forma que se duplican los recursos públicos actuales.
Lejos de la tradicional reclusión
La Comunitat Valenciana plantea importantes carencias en la atención a la salud metal ya que existen departamentos enteros sin atención o recurso alguno. La conselleria estima que existen unas 50.000 personas que pueden tener algún problema de salud mental. El plan diseñado multiplica por cuatro los recursos públicos actuales con 22 nuevos centros (15 residencias y 7 centros diurnos) gracias a una inversión de 74 millones de euros. Las infraestructuras planteadas se diseñan como centros abiertos, alejados de la tradicional reclusión institucional y enfocados a fomentar la inclusión social de estas personas en su entorno».
En infancia, el sistema presenta graves deficiencias en los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) y en la ausencia de centros diurnos por lo que con una inversión de 28 millones se construirán 34 nuevos centros (20 de día y 14 residencias) en todos los departamentos y se ampliarán en 11 los PEF.
Toda la ciudadanía tiene derecho a una asistencia sanitaria y educativa, pero también social. Así, igual que cualquier valenciano tiene derecho a un hospital de referencia y a un colegio para sus hijos, también tiene derecho a una residencia de mayores cercana a su casa (aunque no sepa cuándo la va a necesitar), de la misma manera que tiene un colegio cercano a su domicilio aunque no tenga hijos ni intención de tenerlos. La asistencia social ya no se basa en la caridad con la que se gestó el sistema en la transición española. La asistencia social es hoy un derecho de interés general, la «cuarta pata del estado del bienestar».
