Siete meses le ha costado a Vicente Tortajada empadronarse en el trastero en el que vive desde hace dos años. Siete meses de gestiones, llamadas, esperas, escritos, quejas enmarcadas en pandemia para conseguir un papel con el que pedir ayudas o una vivienda social.

Porque sin padrón no hay nada. Lo que sí hay son dos instrucciones del Instituto Nacional de Estadística (en 2015 y en 2020), que instan a los ayuntamientos a permitir el empadronamiento en cualquier lugar -el banco de un parque, un cajero automático, una habitación de alquiler- para evitar que personas vulnerables se queden sin las ayudas que han sido diseñadas para el colectivo más empobrecido y vulnerable.

Se denomina «empadronamiento especial», pero no funciona. Lo han denunciado las entidades sociales, lo ha investigado el Síndic de Greuges, pero los ayuntamientos (como el de València, que hoy ocupa este caso) ignoran esa instrucción. Y la realidad es la de Vicente Tortajada: siete meses para conseguir un empadronamiento especial en el trastero donde vive, siendo español, valenciano, con DNI, vida laboral y número de la Seguridad Social. Por eso, para cualquier migrante, el empadronamiento especial al que tiene derecho ni llega ni llegará.

A sus casi 80 años, diabético, sin visión en el ojo izquierdo, además de padecer otras dolencias, Vicente vive en un trastero de 16 metros cuadrados desde que en 2019 le desahuciaran de una vivienda de alquiler por impago. Sus problemas económicos llegaron con la jubilación, una pensión de 638,50 euros y los precios prohibitivos del mercado inmobiliario.

«Necesito una vivienda digna»

La vida en un trastero no es fácil, pero prefiere esa intimidad por 160 euros al alquiler de una habitación por casi 300. Aunque no tenga aseo ni váter. Y así lleva todos los meses de pandemia. «Bueno, lo que necesito es una vivienda digna y que pueda pagar, pero eso parece un imposible», lamenta.

Vicente ya contó su historia en Levante-EMV en septiembre de 2020. Narró la vida en un trastero en pleno confinamiento y «descubrió» que aunque fuera pensionista tenía derecho a diferentes ayudas diseñadas para personas vulnerables como él.

Su periplo empezó en los servicios sociales municipales. «No he tramitado ninguna ayuda y ni tan siquiera he podido apuntarme a la lista de espera para solicitar una vivienda social porque me faltaba el padrón. He hecho muchos viajes y llamadas. Demasiadas gestiones. Los trámites pasan porque la policía compruebe el domicilio. Hubo mucho lío porque, por ejemplo, no hay timbre para llamar y no me querían decir cuándo iban a venir», explica.

Vicente perdió el padrón y sin saber muy bien cómo ni por qué, también su derecho a la sanidad pública. Y eso que es un enfermo crónico. «Fui a sacar mis medicamentos en la farmacia y me tocó pagar. Mi tarjeta SIP no reconocía la gratuidad porque ya no tenía ningún médico de familia asignado al no estar empadronado. Sin embargo, me llamaron desde Meliana para vacunarme y me renovaron la SIP de forma provisional hasta el 30 de abril, que es cuando me toca la segunda dosis», cuenta.

El empadronamiento significa para Vicente la puerta de entrada a una vida digna. «Yo sigo centrado en conseguir una vivienda social y ahora ya puedo solicitarla porque la vida en el trastero es difícil», concluye.