Primero años ochenta. El Gobierno socialista de Felipe González acaba de ganar las elecciones en un país famélico y necesitado de modernidad social. Una de las primeras medidas fue el cierre de todas las instituciones psiquiátricas, auténticos dinosaurios con prácticas de manicomio cuasi medieval en muchos de ellos, a años luz del nuevo concepto de tratamiento de la enfermedad mental. La medida fue buena, pero, como tantas veces, se quedó en arrancada de caballo y parada de burro: no se puso en marcha nunca la necesaria red de atención en salud mental y se acabó derivando el problema hacia las familias, que pasaron a ser los custodios, sin recursos ni conocimientos, de enfermos con salud mental abandonados a su suerte.
Toda la literatura médica y sociológica lo tiene claro. Padecer una enfermedad mental no es, obviamente, sinónimo de delincuencia, pero constituye un factor de riesgo cuando no hay un tratamiento adecuado, que se incrementa exponencialmente con el consumo de tóxicos, la exclusión social, la falta de apoyos familiares y sociales, el abandono institucional, la tardanza en el diagnóstico...
El resultado del cóctel era previsible. Sin tratamiento y con el control reposando sobre los hombres agotados de las familias, las conductas antisociales que acaban en infracciones penales —que, ojo, en su mayoría son contra los propios familiares con agresiones, amenazas y acciones contra quien está más cerca— terminan derivando un problema sanitario hacia el sistema judicial. Y los jueces aplican la ley: el enfermo mental acaba recluido con el resto de presos en una cárcel con régimen de vida altamente normativizado, con construcciones arquitectónicas hostiles y sin apenas recursos sanitarios. En resumen, lo único que se hace es agravar la situación y alejar aún más las posibilidades de curación y reinserción.
Con el cierre de los psiquiátricos, Instituciones Penitenciarias se vio obligada a adaptar en 1984 parte de la cárcel alicantina de Fontcalent como hospital psiquiátrico para albergar a los internos con enfermedad mental eximidos total o parcialmente de la responsabilidad penal ordinaria, precisamente porque esa patología —el 65% de los internados actualmente son casos de esquizofrenia— les impedía discernir el bien del mal durante la comisión del delito.
Cinco años después, en 1989, se hizo lo mismo en Sevilla. Pero, hasta Instituciones Penitencias reconoce, primero, que aquello fue simplemente un apaño porque se partió de cárceles edificadas como tales, y, segundo, que la inmensa mayoría de trabajadores que atienden a esas personas recluidas son funcionarios de prisiones y no sanitarios, formados para dar seguridad, pero no para curar.
En este momento, hay en España 463 personas con enfermedad mental cumpliendo medidas de seguridad o internados judiciales (429 hombres y 34 mujeres). Y ni siquiera todas están en esos dos centros psiquiátricos: hay 228 en el de Alicante y 146 en el de Sevilla, pero las 89 restantes están diseminadas por el resto de cárceles, algunas con medidas de seguridad fijadas tras el juicio, pero otros esperando aún la vista oral o simplemente internados por orden de un juez porque no hay instituciones para ello en la calle.
¿Un buen proyecto?
En medio de este panorama, se alza en Siete Aguas el esqueleto abandonado de lo que en su día se proyectó como una segunda cárcel valenciana para desatascar la sobreocupación de Picassent —hoy hay casi 30.000 reclusos más en toda España que hace cuatro décadas—. Casi 20 millones de euros enterrados a la vera de la A3 que la actual Administración penitenciaria ha visto como una oportunidad para poner orden en la atención a los recluidos psiquiátricos, pero del que las asociaciones de enfermos mentales (todas) desconfían porque temen que no sea más que una prolongación del encierro con escasas aspiraciones curativas que se viene dando hasta ahora.
Instituciones Penitenciarias acaba de sacar a licitación el proyecto, así que aún está muy lejos de ser una realidad, pero, si se hace como está pensado, podría marcar un antes y un después. Se trata de una sucesión de edificaciones con 500 plazas distribuidas en distintas unidades terapéuticas. Primera premisa: no todos los enfermos tienen el mismo perfil, ni la misma evolución, así que no pueden estar sujetos a las mismas condiciones de vida.
Aún es pronto, dicen, para hablar de la dotación de recursos humanos y su grado de especialización, algo que tranquilizaría a las asociaciones y a las familias que representan, y prefieren poner el acento en el concepto de lo que denominan «arquitectura sanadora»: edificios que giran buscando el sol y la luz, enormes áreas verdes ajardinadas, espacios comunes con colores amables, grandes corredores para evitar contactos físicos innecesarios... Todo en aras de la serenidad.
En conjunto, cuatro zonas bien delimitadas concebidas como un recorrido progresivo hacia la sanación —no es necesario pasar por todas— y, sobre todo, a una vuelta a la sociedad lo más pronta y eficaz posible. De las habitaciones individuales del principio, los pisos compartidos del tramo final —incluidas residencias con familiares— para emular en lo posible la futura vida en libertad.
Eso sí, sin el apoyo de esas asociaciones —y también de los sindicatos—, pero sobre todo de la Generalitat, que deberá sumar recursos desde Políticas Inclusivas y Sanidad, el proyecto podría hacer aguas. Por eso han empezado ya los contactos. El viernes fue el primero. En la mesa, la Delegación del Gobierno y representación del Consell. Quien estuvo asegura que hubo sintonía e interés por colaborar. Hoy, serán los colectivos de enfermos de salud mental quienes se vean con Gloria Calero. Sumarlos a la causa pasará, necesariamente, por una explicación clara y profunda de que se busca un recurso asistencial y no una cárcel.
Fase avanzada. Para personas muy próximas al proceso final de rehabilitación psicosocial. Cuatro edificios independientes con 48 habitaciones individuales cada uno, concebidos como polivalentes para flexibilizar la intervención con todas las personas pese a su distinto perfil. Por ello, hay terrazas y jardín vecinal y zonas comunes ideadas para facilitar la socialización.
El final. Son 48 habitaciones, tanto individuales como en pisos compartidos. Se trabaja la autonomía personal, la integración social y el manejo de la enfermedad en personas que están a punto de abandonar el hospital. Las edificaciones ya no buscan la supervisión directa, sino la socialización y el ensayo de habilidades sociales y de autonomía plena.
Fases críticas. Para personas que entren en una fase de crisis y descompensación durante el tratamiento. Serán estancias cortas, de días o semanas. Con una estructura que dé serenidad y garantice protección, y que permita la supervisión directa y la prevención de comportamientos violentos hacia ellos o los otros. Tendrá 1.800 m2 de jardines.
Patologías múltiples. Destinado a personas con trastornos duales o triales —de salud mental y adicciones— que sufren comportamientos alterados. Con salas de estar y de terapia de tamaño reducido (20 personas máximo), interiores terapéuticos, tamaño de las habitaciones adaptado a los enfermos y lugares de paseo y actividades al aire libre.
