La firme de decisión del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, de volver a ser un activo en el Partido Popular de la Comuntat Valenciana e incluso ser elegido como cartel electoral al cap i casal en 2023 no sólo tiene descolocado a su partido. Su frenética actividad estos días, que ha sido especialmente intensa con motivo del proceso interno que vive el PPCV, está poniendo en un brete al Consell Jurídic Consultiu (CJC), organismo del que forma parte como consejero nato.
Camps se acogió al estatuto de expresidentes en 2011 cuando se vio obligado a dimitir al ser procesado por el caso de los trajes, una causa de la que salió absuelto, pero que le costó el cargo recién revalidado en las urnas. A partir de ese momento, Camps reclamó su derecho a formar parte del Consell Jurídic Consultiu, el organismo que asesora al Gobierno en materia de leyes y cuyos dictámenes son preceptivos.
Durante años y con una media docena de casos relacionados con la corrupción pendientes, Camps optó por la discreción y solo rompía su silencio en contadas ocasiones y todas ellas,relacionadas con los procesos judiciales que uno a uno se han ido cerrando a su favor. Sin embargo, desde hace unos meses y cuando sólo le queda ya un asunto pendiente, el Camps político se ha reactivado y va sin freno.
Camps usa las redes sociales para pronunciarse sobre temas políticos, bien para promocionarse como futuro candidato de la ciudad, bien para criticar a la izquierda en su gestión autonómica, municipal o nacional. Su actividad es intensa: entrevistas, reuniones, etc. Un protagonismo que interrumpe la hoja de ruta del PP, pensada para convertir a Carlos Mazón en el líder indiscutible del PPCV, pero también repercute en la imagen del Jurídic, donde Camps tiene su nómina.
Camps no contraviene el estatuto de expresidente, ni la ley del CJC, que nada dice de la actividad política de sus miembros más allá de que es incompatible ser consejero con ocupar cargo público. Ahora bien, resulta evidente que lo lógico es fomentar la neutralidad política.
El Consell Jurídic se adhirió al código de buen gobierno de la Generalitat, donde se pide a sus miembros imparcialidad. Se les insta a evitar el uso o abuso del cargo para obtener ninguna ventaja o beneficio, en especial los privilegios informativos, reguladores y/o aquellos que puedan generarse como consecuencia del ejercicio de su mandato. Camps ha dejado claro estos días que piensa estar dos años de «primarias a la americana» para recabar apoyos en los suyos. Un tiempo en el que piensa seguir como consejero nato.
