El 22 de mayo de 2018 los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del grupo de delitos contra la Administración de la Guardia Civil agriaron el desayuno al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en su piso de lujo alquilado en la calle Pascual y Genís de València. Era el inicio público del caso Erial, una de las mayores presuntas causas de corrupción investigadas en la Comunitat Valenciana por la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción 8 y la UCO de la Guardia Civil.
Una investigación que ya encara su recta final, si no surgen más sorpresas, por lo que el juicio podría celebrarse a finales de 2022 o principios de 2023, cuando se cumplan los trámites procesales que aún quedan por cumplimentar. Aunque antes el exministro y su círculo más cercano de colaboradores habrán pasado tres años en el «erial». La palabra con la que la Guardia Civil bautizó la operación que acabó con su detención hace tres años y su inmediato ingreso en prisión junto a dos de sus presuntos amigos y testaferros: Joaquín Barceló y Francisco Grau.
Recuperación del dinero
Los tres pasaron nueve meses en la cárcel (aunque Zaplana permaneció dos de estos meses ingresado en La Fe debido a su enfermedad oncológica). Y no quedaron en libertad hasta que fructificaron las pesquisas del Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción junto a la UCO de la Guardia Civil para rastrear el dinero supuestamente evadido a varios paraísos fiscales. Un dinero que lograron recuperar, unos millones de euros, y que se encuentra ingresado desde hace dos años en la cuenta del juzgado.
En este tiempo, los investigadores del caso Erial han podido rastrear y reconstruir la estructura de la trama presuntamente creada por Zaplana junto a sus estrechos colaboradores para cobrar mordidas, ocultarlas en el extranjero (encuentas en Andorra, Luxemburgo, Suiza, Panamá) para intentar rentabilizarlas y retornarlas a España.
En esta causa también está investigada la familia Cotino, aunque el fallecimiento por coronavirus del expresidente de las Corts, Juan Cotino, en abril de 2020 extinguió su responsabilidad penal. Sí siguen investigados dos de sus sobrinos, el empresario Vicente Cotino entre ellos, por el pago de mordidas a Zaplana tras adjudicaciones del Plan Eólico y las inspecciones técnicas de vehículos (ITV).
