La vacunación no solo está teniendo sus complejidades técnicas y administrativas. Junto a ellas, entrecruzándose cuando sus problemas se hacían patente y entraban en el debate público, ha habido asuntos relacionados con la bioética. El último, sobre la segunda dosis de AstraZeneca en los menores de 60 años y la posibilidad de elegir.
¿Qué problema ético puede generarse al dejar elegir la vacuna a una parte de la población?
Separar la vacunación en dos grupos, los que pueden elegir su vacuna y los que no, plantea un problema de justicia distributiva porque puede suponer unas ventajas para algunas personas en relación con otras. No se puede dejar esto en manos de los ciudadanos y de su responsabilidad.
¿Pero se ha de poder elegir una vacuna o un tratamiento?
Para poder elegir hay que estar informado; y en el tema de la vacuna estar bien informado es complicado. A finales de 2020 los institutos nacionales de EEUU comentaban que se han publicado cerca de 50.000 trabajos relacionados de la covid, 400 cada día. Este acúmulo de información hace muy difícil que los expertos puedan seguir lo que está ocurriendo. Entiendo que para el público general aún es más difícil tener una información adecuada a partir de la que realizar sus decisiones con conocimiento de causa.
Para una de ellas se pide un consentimiento escrito.
El consentimiento informado es un documento que cada día se hace extensivo y hay que firmarlo en la mayoría de intervenciones que se hacen. Es muy importnate porque da información correcta, pero es una manifestación del temor jurídico y cubrirse de los problemas que le puedan sobrevenir. Lo fundamental del consentimiento informado es estar bien informado, lo cual contrasta con lo que luego sucede. En el caso de la vacunación, pedirle al paciente que firme un consentimiento informado primero requeriría haber estado explicándole media hora en qué consiste la vacuna, en qué se diferencian y qué implica.
