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Un juez investiga a dos docentes y a una inspectora por un párrafo en valenciano

Familias del colegio recogen firmas en su apoyo después de que el padre de una alumna las denunciara por no traducir al castellano una circular

Un juez investiga a dos docentes y a una inspectora por un párrafo en valenciano

Un juez investiga a dos docentes y a una inspectora por un párrafo en valenciano

Un juzgado de Alicante investiga a dos docentes y a la inspectora del colegio público Mediterráneo de la playa de Sant Joan por un párrafo en valenciano en una carta a los padres, según confirmaron a este diario fuentes jurídicas. Las diligencias se han abierto a raíz de la denuncia del padre de una alumna que asegura que no comprende la lengua valenciana. La denuncia se interpuso por coacciones, prevaricación administrativa y un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Por el momento, ya han declarado en el juzgado en calidad de investigadas la directora del colegio público y una tutora. En dos semanas, ha sido citada la inspectora encargada del centro. El juez también ha tomado declaración al padre, quien se ratificó en la denuncia y está personado como acusación particular. Su abogado reclama 15 años de inhabilitación para ambas docentes.

Ante las imputaciones, diversos familias del centro han comenzado a recoger firmas de apoyo a las docentes. Ayer ya habían recogido más de 200. «Ante las graves repercusiones de los recientes acontecimientos, que han afectado en primera línea a la directora y a una de las profesoras tutora de nuestro colegio CEIP Mediterráneo, las familias y el profesorado que configura la comunidad educativa del mismo queremos dejar patente nuestro apoyo incondicional a ambas en su profesionalidad y desarrollo de su labor pedagógica y en el extraordinario funcionamiento del centro en todos los ámbitos», asegura el escrito en base al cual se están recabando los apoyos.

Las investigadas están recibiendo asistencia legal de la Abogacía de la Generalitat. Por el momento, la Fiscalía no se ha personado en las diligencias. El padre presentó la denuncia ante el Ministerio Público, pero unos pocos días después lo hizo ante el propio juzgado y la tramitación de la primera acción no continuó. En las declaraciones hasta la fecha todavía no se ha personado ningún fiscal.

Los hechos se remontan al 22 de enero de 2020. El colegio tenía programada una excursión al centro de Alicante unos días después y envió una carta a los padres informando de la actividad para que dieran su autorización. Las dos docentes sostienen que, aunque la carta estaba en bilingüe, «por error» se envió un párrafo sin traducir al castellano en el que se indicaban cuáles eran los objetivos de la actividad.

El padre llamó al colegio para exigir que le mandaran la carta traducida del valenciano. El día anterior le llamaron para que reconsiderase su actitud, aunque ya no había tiempo material para que se tradujera la carta. Finalmente, la excursión se acabó suspendiendo porque empezó a llover, pero el padre tampoco llevó a la niña al colegio, según las explicaciones que ambas han dado.

Quince años en Alicante

A continuación, el denunciante pidió el proyecto lingüístico del centro, pero en el centro solo se disponía de copia en valenciano, hecho que también se recogía en la denuncia presentada. El padre sostiene que se sintió coaccionado por haber pedido que se tradujera un documento a su lengua materna y que no comprende el valenciano.

El susodicho, que llegó a la Comunitat Valenciana desde Asturias hace quince años -se casó y reside con su mujer en Alicante desde hace trece- aseguró en su día a este diario que durante los ocho años en los que su hija estaba en el centro no había tenido problema alguno, pero que en el plazo de pocos días coincidieron sendas comunicaciones del centro únicamente en valenciano sobre actividades y tutorías que siempre había recibido en las dos lenguas oficiales.

Directores de centros educativos y organizaciones sindicales como STEPV expresaron ayer su apoyo a las docentes investigadas. Estos colectivos enmarcan la denuncia en una «campaña de acoso lanzada por una minoría contra los profesionales de la educación pública».

Desde la Conselleria de Educación recalcan que la primera denuncia que interpuso el progenitor ante la Fiscalía fue archivada y hacen hincapié en que la administración autonómica «siempre defenderá la profesionalidad del profesorado ante denuncias y presiones que nada tienen que ver con la ejemplar tarea pedagógica que realizan en el entorno de sus comunidades educativas».

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