El promotor Jaime María Febrer, presunto eje central de la trama urbanística que pagaba mordidas a políticos y funcionarios a cambio de adjudicaciones en el llamado caso Azud II, recurrió a la sociedad estatal Acuamed en busca de recursos hídrico para su macroproyecto con golf y viviendas residenciales en Xixona para evitar pagar mas de cinco millones de euros.
Ese era el coste que tenía la canalización de agua desde la depuradora de Xixona, en aquel momento en plena construcción, hasta el macro PAI de El Espartal, donde Febrer buscó denodadamente, durante año y medio, levantar un gigantesco resort que incluía tres hoteles y 5.400 viviendas de lujo con métodos que ahora investigan la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza de Instrucción 13 de València en Azud II.
La primera opción para llevar agua hasta El Espartal fue precisamente esa depuradora y la estación de bombeo, con capacidad para elevar 166 m3/h, una obra que nunca contó con la licencia correspondiente del Ayuntamiento de Xixona y que fue ejecutada en 2005 con un presupuesto de 1,4 millones de euros por la Conselleria de Agricultura, cuando ambas instituciones estaban gobernadas por el Partido Popular.
De hecho, las conversaciones previas entre Febrer y la entonces alcaldesa de Xixona, Rosa Verdú Ramos, y el concejal de Medio Ambiente, Francisco Doménech, ambos del PP y detenidos e investigados en Azud II por aquellos hechos, coinciden con el momento en que Agricultura da luz verde a la construcción de esa instalación, que hoy, 16 años después, sigue en desuso pese a los esfuerzos por ponerla en marcha desde 2018.
Tal como informó ayer Levante-EMV, el acuerdo inicial alcanzado entre la empresa matriz de Febrer, Construcciones Valencia Constitución (CVC), y el equipo de Gobierno local se sustanció en un convenio firmado el 22 de noviembre de 2005. Era el germen del macro PAI. Las obras del depósito estaban en marcha en enero de 2006.
En marzo de ese 2006, tras denunciar la oposición (PSPV) a la alcaldesa por prevaricación y tráfico de influencias por ese PAI, CVC se retiró del proyecto, pero no Febrer, que reapareció con una segunda empresa, Espacios Urbanos de Jijona (EUJ), de la que era administrador único y cuyo único socio era, precisamente, CVC.
Pozo dentro y fuera del sector
El 7 de junio, EUJ presentó a bombo y platillo el mismo macroproyecto de 7,2 millones de metros cuadrados. A finales de mes, el entonces líder de la oposición municipal y más tarde alcalde socialista, Ferrán Verdú, denunció públicamente que los promotores del macro PAI pretendían utilizar el agua depurada del depósito pagado por la Generalitat, y cuya finalidad oficial era dar servicio a los agricultores, para regar el campo de golf y el área residencial de El Espartal.
Sin embargo, no fue esa nueva denuncia pública lo que hizo desistir a Febrer, sino el coste que le reclamaban por canalizar el agua depurada desde la estación de bombeo hasta su macrourbanización: más de cinco millones de euros.
Así las cosas, el promotor sopesó otras posibilidades, según recogía el proyecto presentado en junio, como extraer agua de pozos incluidos dentro y fuera del sector que pretendía urbanizar. Nuevamente hubo protestas y críticas de la oposición y de grupos ecologistas, que le advirtieron que en Xixona no había tanta agua para abastecer su plan.
Obviamente, sin recursos hídricos, el PAI se quedaría en el terreno de la fantasía, así que Febrer recurrió a José Luis Vera, asesor suyo en CVC y, sobre todo, mediador ante gobiernos socialistas como hombre de reconocida influencia en el partido, para que se pusiese en contacto con Acuamed. Buscaba agilizar un convenio entre la sociedad estatal y el Ayuntamiento de Xixona para desatascar el escollo de la falta de agua para el macro PAI sumándose a la desaladora de El Campello-Mutxamel, tal como adelantó ayer este diario.
La negociación, iniciada en diciembre de 2006 y ahora también bajo investigación, fue viento en popa, pero no el proyecto. La firma estatal y el ayuntamiento popular firmaron un acuerdo de intenciones en abril, pero al mes siguiente, el PP perdió la alcaldía y el sucesor de Rosa Verdú, el socialista Ramón Verdú, desterró definitivamente el macro PAI de El Espartal. Eso sí, un año después, en mayo de 2008 aprovechó el camino recorrido y formalizó la firma del convenio con Acuamed por el que logró más agua para el municipio y sus agricultores.
Medio Ambiente intentó recuperar la infraestructura en 2018
De la construcción de la estación de bombeo, que costó 1,4 millones y nunca ha sido puesta en marcha, ni siquiera hay registro en el Ayuntamiento de Xixona. La conselleria del entonces Gobierno popular de Francisco Camps ejecutó la obra sin siquiera disponer del permiso municipal sobre terrenos privados, así que el ayuntamiento popular del momento no la recepcionó. Tampoco el socialista que salió de las urnas en 2007, porque la instalación se había quedado en un limbo legal. Así, los 1,4 millones de dinero público quedaron enterrados en ese depósito y el agua depurada ha seguido vertiéndose al río de la Torre.
En 2018, se creó la Comunidad de Regantes de El Espartal, que desbloqueó la situación comprando el terreno, a la espera de que la Generalitat recupere la infraestructura para poder disponer de esa agua.
A finales de 2018, la Conselleria de Medio Ambiente inició las pruebas para conocer el alcance del daño por los años de deterioro, tanto en el depósito como en las conducciones y el esto de elementos. Además de reparar la instalación, los técnicos deberán comprobar si la calidad del agua es apta para el riego de productos de consumo humano o no, dada la antigüedad de la depuradora, que data de los 90.
De la construcción de la estación de bombeo, que costó 1,4 millones y nunca ha sido puesta en marcha, ni siquiera hay registro en el Ayuntamiento de Xixona. La conselleria del entonces Gobierno popular de Francisco Camps ejecutó la obra sin siquiera disponer del permiso municipal sobre terrenos privados, así que el ayuntamiento popular del momento no la recepcionó. Tampoco el socialista que salió de las urnas en 2007, porque la instalación se había quedado en un limbo legal. Así, los 1,4 millones de dinero público quedaron enterrados en ese depósito y el agua depurada ha seguido vertiéndose al río de la Torre.
En 2018, se creó la Comunidad de Regantes de El Espartal, que desbloqueó la situación comprando el terreno, a la espera de que la Generalitat recupere la infraestructura para poder disponer de esa agua.
A finales de 2018, la Conselleria de Medio Ambiente inició las pruebas para conocer el alcance del daño por los años de deterioro, tanto en el depósito como en las conducciones y el esto de elementos. Además de reparar la instalación, los técnicos deberán comprobar si la calidad del agua es apta para el riego de productos de consumo humano o no, dada la antigüedad de la depuradora, que data de los 90.
