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La continuidad del jefe jurídico evita el consenso sobre el cierre de Divalterra

PSPV y Compromís activan el proceso con el respaldo de los sindicatos, pero sin el apoyo de ningún otro partido tras la decisión de mantener a Vera

La comisión especial que ayer activó el proceso de cierre de Divalterra, presidida por Toni Gaspar.  | ABULAILA

La comisión especial que ayer activó el proceso de cierre de Divalterra, presidida por Toni Gaspar. | ABULAILA

La Diputación de València dio ayer el primer gran paso en el camino hacia la disolución de Divalterra en medio de un clima de crispación entre bloques muy alejado del perseguido consenso político que, a principios de 2020, impulsó la creación de la comisión especial en el seno de la cual se ha aprobado el dictamen de activación del proceso.

El acuerdo, que sienta las bases para distribuir el personal y los servicios de la moribunda empresa pública entre la propia diputación y el Consorcio Provincial de Bomberos, salió adelante únicamente con los votos favorables de los socios de gobierno, PSPV y Compromís. Tanto el PP como Ciudadanos se opusieron al dictamen, mientras que La Vall ens Uneix y Vox se abstuvieron. Un desencuentro político que contrasta con el respaldo unánime que ha recabado la propuesta de cierre por parte de los los sindicatos, cuyas aportaciones han sido atendidas.

La votación tuvo lugar apenas una semana después de que el consejo de administración de la firma, presidido por el PSPV, adoptara la decisión de mantener a José Luis Vera en el puesto de director de los servicios jurídicos y prevención de riesgos penales pese a su detención en el marco de la Operación Azud II. Vera solo ha sido apartado del proceso de liquidación de Divalterra.

Incógnita obre el futuro

En la comisión de ayer, la portavoz de Cs, Rocío Gil, vinculó su voto en contra a la continuidad del asesor jurídico, mientras que desde el PP invocaron también otras investigaciones de Antifraude y la Fiscalía que afectan al alto cargo para justificar su posición, junto a las «prisas» que a su juicio se han dado al procedimiento.

La Vall ens Uneix también cuestionó un acuerdo que daría pie a la integración de Vera -el único alto directivo nombrado a dedo que queda en Divalterra- como personal laboral de la diputación con las mismas condiciones actuales. La formación recordó que, de ser cesado ahora, al jefe jurídico le correspondería una indemnización mínima de 7 días por año trabajado y apreció una «doble vara de medir» respecto a otros altos cargos

Por el contrario, desde el gobierno de la diputación sostienen que la oposición ya tenía su posicionamiento marcadode antemano y que la falta de consenso no tiene nada que ver con la situación de Vera: recuerdan que el PP y Cs tampoco respaldaron la reciente disolución del Patronato de Turismo en la misma comisión, encargada de adelazar el sector instrumental. Aquel acuerdo, en todo caso, salió adelante con el apoyo de LVEU y la abstención de Cs, que ahora ha votado en contra.

A falta de perfilar los flecos, los sindicatos creen que el dictamen beneficia a los trabajadores y blinda sus condiciones. El texto también contempla la reactivación de los procesos de selección de medio centener de brigadistas que quedaron paralizados . El Consorcio de Bomberos asumirá las incorporaciones.

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