Cuando el primer Gobierno de coalición de la democracia inició su andadura hace apenas año y medio, el Botànic ya acumulaba casi un lustro de rodaje a sus espaldas con la maquinaria bien engrasada. La macrogira de ministros con parada en la Comunitat Valenciana en las últimas semanas ha puesto el foco en la gestión del Consell como fuente de inspiración para el Ejecutivo Central, una idea que comienza a plasmarse en la actividad legislativa.
Al menos una quincena de proyectos tramitados o anunciados desde Madrid tienen un antecedente directo en el territorio en el que todos los miembros del gabinete de Pedro Sánchez se quieren retratar. El último ejemplo es la reforma que ha comenzado a tramitar el Congreso para regular los lobbies o grupos de interés y sancionar a los diputados que mienten en las declaraciones de bienes y actividades. En febrero de 2018, el Botànic se convirtió en el primer ejecutivo autonómico en aprobar un proyecto de ley específico para regular la actividad del lobby en el ámbito de la Generalitat y su sector público. Bien es cierto que, más de tres años después, la norma aún no ha entrado en vigor, a falta de flecos por resolver entre los socios para su aprobación definitiva.
La que sí se aplica desde 2017 con total normalidad es la Ley Trans valenciana, una normativa avanzada en el tiempo que está de plena actualidad por sus claras similitudes de fondo con el texto del Ministerio de Igualdad que ha quedado bloqueado momentáneamente en el Congreso ante las dudas del PSOE. La Ley, que se aprobó en las Corts solo con el voto en contra del PP, reconoce el derecho de autodeterminación de género sin necesidad de prueba psicológica o médica e incluye medidas de apoyo al colectivo. Aquella fue la primera norma gestada por la conselleria de Mónica Oltra, cuya Ley de Igualdad LGTBI -aprobada en 2018- también sirve en buena medida de espejo para la que está pergeñando con el mismo fin el departamento de Irene Montero: ambas recogen la prohibición y sanción de las terapias de «conversión» y de otro tipo de ataques a la libertad sexual.
Otra regulación pionera a nivel estatal por su carácter restrictivo es la Ley del Juego y prevención de la ludopatía, aprobada por el Consell en 2020 tras un largo proceso de deliberaciones. En los meses siguientes, el Ministerio de Consumo lanzó diferentes iniciativas para limitar la publicidad y el juego entre menores con aspectos coincidentes.
En una reciente visita a València, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunció sin paños calientes que, en el marco de la negociación de la nueva Ley de Vivienda, su objetivo es «imitar» algunas de las medidas de la Generalitat iniciadas con la Ley de Función Social de la Vivienda de la legislatura pasada y profundizadas durante este mandato, como la exigencia de corresponsabilidad a los grandes propietarios con varios inmuebles vacíos, el refuerzo de los derechos de tanteo y retracto para ampliar el parque de viviendas públicas o la intervención directa con el objetivo de movilizar viviendas vacías. Belarra también ha anunciado un nuevo modelo de cuidados para priorizar la atención domiciliaria de los mayores frente a la residencial que bebe de la hoja de ruta de la «desinstitucionalización» y el impulso de los cuidadores no profesionales desplegada por Oltra.
Verdes y animalistas
La C. Valenciana ha sido la primera que ha regulado por ley la figura de las comunidades energéticas locales -posteriormente promovida por el Gobierno- a tiempo que ha avanzado en una fiscalidad verde a la que apunta la ministra Teresa Ribera. La reducción de la jornada laboral incluida por el Gobierno en la Agenda 2050 ya ha sido ensayada por la Conselleria de Economía con diversas empresas y la reforma legal para abolir la prostitución planteada por Ximo Puig en 2020 ha sido una promesa recientemente señalada por Carmen Calvo, mientras que la última Estrategia contra la despoblación a nivel nacional replica líneas ya exploradas o anunciadas por el Consell, como ocurre con algunas cuestiones relacionadas con las oposiciones en la futura Ley de Función Pública. El último ejemplo: tres años antes de que el Gobierno presentara su anteproyecto de ley de Bienestar Animal, el Botànic ya lanzó un borrrador que endurecía los castigos por maltrato, elevaba los controles y prohibía la presencia de animales en escaparates, así como utilizarlos como reclamo. Han sido 500 días de absoluta simbiosis de agendas.
