Si la Comunitat Valenciana está por debajo de la media estatal en número de viviendas públicas no es porque falte suelo. Un minucioso estudio desplegado por la Conselleria de Vivienda con el respaldo de Vielca Ingenieros ha radiografiado (y geolocalizado) por primera vez la superficie total que permanece reservada y potencialmente disponible para levantar inmuebles protegidos en cada uno de los 542 municipios del territorio.
El ingente trabajo, que está a punto de ver la luz, documenta a través de fichas individualizadas hasta la última parcela del último rincón de la geografía, después de ahondar en detalle -con la colaboración de todos los ayuntamientos- en los planeamientos urbanísticos, los programas de actuación integrada y los bienes del Patrimonio Municipal de Suelo.
Las cifras hablan por sí solas: si la Generalitat gestiona un parque social de unos 14.000 pisos, del Sènia al Segura se contabiliza una bolsa de 444.115 metros cuadrados de suelo público sin uso cuyo destino preferente es la llamada VPP. Según las estimaciones que hacen los técnicos atendiendo a los criterios de edificabilidad, en esa porción virgen podrían construirse alrededor de 47.890 viviendas protegidas, una cuantía que doblaría con creces la actual demanda de este tipo de inmuebles en la C. Valenciana.
Aproximadamente la mitad de esos terrenos -eso sí- no son urbanos, sino que están aún sujetos a parcelaciones y condicionados a desarrollos urbanísticos pendientes de ejecutar en un futuro. Aún así, el suelo público ya urbanizado, identificado y disponible según el estudio sería suficiente para edificar unas 20.690 viviendas, prácticamente las mismas que solicitudes de acceso hay en lista de espera. Si se suma la superficie disponible y urbanizada de titularidad privada, el volumen asciende a 25.655 inmuebles estimados. Y si a estos se añaden los solares privados y públicos a la espera de desarrollo, el margen se dispara hasta los 155.000 pisos sociales que podrían llegar a ejecutarse algún día.
Más allá de números, el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto Rubio, hace hincapié en la importancia de la inmensa base de datos de planos georreferenciados conseguida -que será consultable en formato digital en breve- para la planificación de las actuaciones de la conselleria -en sintonía con el departamento de Política Territorial- con el objetivo de duplicar el parque público de viviendas, pero también para los ayuntamientos, muchos de los cuales no tenían la información al alcance.
Al ser de aprobación municipal y depender de la ordenación de los planeamientos que diseña cada consistorio, la asignación expresa de las parcelas que configuran la reserva de VPP en cada localidad escapaba muchas veces al conocimiento de la Generalitat en lo que se refiere a la ubicación definitiva de los terrenos destinados a pisos públicos, tal como explica Paz Cortés, la jefa de servicio que ha supervisado los trabajos. A ello se suma el descontrol urbanístico de los años de la burbuja. «Nunca se habían agrupado todos estos datos», enfatiza Rubio, que pone el acento en cómo los mapas reflejan las disparidades entre las zonas de costa -donde la disponibilidad de edificabilidad de viviendas protegidas es por lo general baja- y los municipios del interior, que mantienen grandes reservas de suelo disponible con arreglo a sus habitantes. La herramienta también puede ser útil para reforzar las medidas que se están adoptando de cara a facilitar pisos asequibles en los lugares más golpeados por la despoblación. Por provincias, Alicante supera por poco a València en reservas de «techo» para VPP, con 6,3 millones de metros cuadrados edificables fruto en gran medida del «boom» del ladrillo.
Oportunidad «magnífica»
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, enmarca el catálogo de reserva de suelo dentro del Plan 2400, que contempla una inversión público-privada de 294 millones de euros para levantar cerca de 2.500 viviendas de protección en toda la C. Valenciana y hacer posible el derecho constitucional del acceso a la vivienda entre los segmentos más vulnerables.
Martínez Dalmau resalta la implicación de los municipios en el proceso y agradece a todos los consistorios su colaboración para hacer posible el catálogo, que brinda una «magnífica oportunidad» para poner negro sobre blanco los recursos de los que se dispone de cara a impulsar proyectos de promoción en régimen de alquiler asequible. Contar con información precisa sobre la ubicación del suelo en cada localidad facilitará la implementación de las medidas exploradas por la conselleria para ampliar el parque público mediante la compra directa, los concursos para la adquisición de viviendas, el refuerzo de los derechos de tanteo y retracto o la movilización de viviendas vacías y deshabitadas, que de momento han permitido ampliar en 372 el número de pisos gestionados por la Generalitat.
