El exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, en prisión provisional desde el 15 de mayo por su implicación en el caso Azud, ha solicitado su reingreso como funcionario en el Ayuntamiento de València para no perder la plaza, según ha podido saber Levante-EMV.
Su petición ha obligado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València a elaborar un informe en el que sugieren «dejar en situación de suspensión de funciones» su solicitud de reingreso «mientras se extienda el estado de prisión provisional», según la propuesta de resolución que pasará este viernes por la Junta de Gobierno Local, confirman fuentes conocedoras del trámite.
Rubio fue detenido el pasado 13 de mayo por su implicación en el caso Azud II, que investiga una trama de presuntas mordidas urbanísticas en el Ayuntamiento de València y otros municipios entre 2006y 2010. El exportavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València está acusado de los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales por supuestamente haber cobrado una comisión de 300.000 euros del empresario Jaime Febrer para rebajar el tono de sus críticas como portavoz de la oposición a las decisiones urbanísticas tuteladas por el vicealcalde Alfonso Grau, cuando el Ayuntamiento de València estaba dirigido por Rita Barberá.
Desde que fue nombrado subdelegado del Gobierno, el 30 de junio de 2020, Rafael Rubio estaba formalmente en la situación de servicios especiales, lo que le permitía reservar su puesto de trabajo original en el que obtuvo plaza de funcionario: el de geógrafo en la Oficina Técnica de la Devesa-Albufera. Desde 2015 hasta 2020 ocupó el puesto de coordinador general del Área de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Ayuntamiento de València.
Como funcionario del Ayuntamiento de València con plaza en propiedad, Rubio tiene «derecho a la reserva del puesto de trabajo» pero también «el deber de solicitar en el plazo de un mes el reingreso en el servicio activo [como funcionario] desde que se cesa en la situación de servicios especiales» porque, en caso contrario, se le declararía «en la situación de excedencia voluntaria por interés particular» (de dos años de duración mínima).
Sin embargo su petición de reingreso supone un «acto de contenido imposible», en palabras del informe de los servicios jurídicos, ya que, obviamente, «el funcionario que se encuentra en situación de prisión provisional no puede, al mismo tiempo y sin contravenir lo dispuesto en la ley y jurisprudencia aplicables, reingresar al servicio activo, porque no está en disposición física y/o material de desempeñar las funciones inherentes a su condición».
De ahí que la solución a esta situación de los servicios jurídicos sea, según la propuesta de resolución que pasará el próximo viernes por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València, «declarar al funcionario Rafael Rubio en situación de suspensión provisional de funciones mientras se extienda la prisión provisional» con efectos desde el 14 de mayo (el día siguiente al que fue cesado de forma fulminante por la delegada del Gobierno, Gloria Calero).
Cuando Rubio quede en libertad, el reingreso como geógrafo en la Oficina Técnica de la Devesa-Albufera deberá producirse «a partir del día siguiente a la finalización de la prisión provisional en la que se encuentra en la actualidad o de cualquier otra medida decretada por la autoridad judicial que le impida el ejercicio de sus funciones como funcionario».
Se da la circunstancia de que mientras esté en suspenso provisional Rubio podrá cobrar «retribuciones básicas» y prestaciones familiares por hijos a cargo.
