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Vivienda

Conselleria afirma que el desalojo de los vecinos por un fondo buitre carece de base legal

Los inquilinos se han reunido hoy con la directora de Emergencia Habitacional para asesorarles en los derechos que les asisten según la Ley de Arrendamientos Urbanos

Los vecinos de la calle Sogueros debían abandonar sus domicilios en quince días según la notificación.

Los vecinos de la calle Sogueros debían abandonar sus domicilios en quince días según la notificación.

La directora general de Emergencia Habitacional, Purificación Peris, expresa que las cartas de desalojo que recibieron los vecinos de la calle Sogueros, en el barrio del Carmen de València, carecen de validez legal.

Peris se ha reunido hoy con los inquilinos de la finca afectada para realizar una primera toma de contacto que permitiera a la Conselleria de Vivienda saber cuáles eran las comunicaciones que habían recibido los vecinos y especificar las posibles actuaciones.

En dicha reunión, se ha tratado de tranquilizar a los vecinos y de asesorarles en los derechos que les asisten como inquilinos según la Ley de Arrendamientos Urbanos. Además, se ha puesto a su disposición “toda la unidad de ayuda ante el desahucio y las emergencias”, que cuenta con asesoramiento técnico y legal. Sin embargo, como afirma Peris, “son inquilinos que no tienen por qué moverse sin ninguna causa justificada; hasta el momento, no la hay”.

Asimismo, en una situación de desahucio, si no existe intervención judicial, ningún inquilino puede ser sacado de su casa, sea propia o alquilada.

Por otro lado, en la reunión no se ha hablado acerca de los derechos de retracto o de tanteo porque los vecinos “no parecen encontrarse en una situación de desahucio”, y estos derechos se aplican ante situaciones de emergencia.

La directora detalla que una carta entregada en mano “no es una comunicación oficial de ningún tipo”. Por otro lado, como apunta Peris, la Ley de Arrendamientos Urbanos indica que ante una obra en un edificio se debe avisar con tres meses de antelación a los inquilinos, especificar el tipo de obra que se pretende realizar, la duración y, además, se debe aportar las licencias pertinentes. Ninguno de estos aspectos constaba en la misiva.

Además, cada inquilino cuenta con un tipo de contrato de arrendamiento particular, por lo que las condiciones de la misiva tampoco tienen en cuenta las diferentes casuísticas de cada vecino.

Como contó este periódico el pasado 4 de junio, dicha comunicación instaba a los vecinos a abandonar sus domicilios en un plazo de doce días debido a unas supuestas “obras de rehabilitación del edificio”, según consta en el propio documento.

Al parecer, el propietario del edificio es quien ha mandado dicha notificación a través de un abogado, según apuntan desde Emergencia Habitacional. Peris expresa que, de momento, no se han puesto en contacto con el propietario ya que han primado la atención a los inquilinos.

Aprovecharse del miedo

Cuando los inquilinos recibieron estas misivas el 14 de mayo, donde el remitente comunicaba que, si no recibía noticias por parte de ellos “antes del día 26” del mismo mes, procedería a dar parte al servicio de bomberos para que se encargaran del desalojo del edificio, los vecinos se vieron inmersos en una situación de agobio y gran preocupación. En menos de quince días, debían desalojar sus viviendas sin causa justificada.

Como recuerda Peris, “los fondos buitres actúan a sabiendas de la desinformación que tienen los inquilinos de un inmueble” en ciertos aspectos y se aprovechan del miedo que generan notificaciones como la que recibieron los vecinos de Sogueros. “Hemos intentado calmar a los vecinos y les hemos asegurado que no tienen por qué irse ni en quince días ni en 2 meses”, recalca la directora.

Por su parte, la Conselleria manifiesta su apoyo a los vecinos ante esta situación. El organismo mantendrá el contacto con estos hasta que se resuelva el conflicto y continuará brindándoles un equipo de ayuda.

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