Un desahucio cada dos horas, pandemia incluida. En 2020, año de crisis económica y sanitaria, de cuarentenas, de restricciones en la movilidad y toques de queda, de prohibición de salir a la calle, vida telemática y encierro obligado se ha producido un desahucio cada dos horas en la Comunitat Valenciana. Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aseguran que cada día se han quedado sin hogar 12 familias valencianas por impago del alquiler, la mayoría, pero también por no hacer frente a las cuotas de la hipoteca. Y eso que el Gobierno aprobó un decreto para impedir los desahucios a personas vulnerables que ha supuesto un 39 % de lanzamientos menos, según datos aportados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) València.
En 2020 fueron 12, pero el año anterior, libre de pandemia, fueron 19 las familias que cada día se quedaron sin techo. No hay vacuna para los desahucios y detrás de cifras que se abordan por miles se invisibiliza a quienes se quedan fuera del circuito de una vivienda del mercado libre cuyos precios, además no paran de subir. Personas mayores con una pensión pequeña, jóvenes sin ingresos, personas enfermas o con discapacidad que no pueden trabajar o familias con menores.
Hace cinco años, los valencianos destinaban el 24 % de su nómina mensual para pagar un piso de alquiler de 80 metros cuadrados. En 2019 ya destinaban el 34 %, según datos de varios portales digitales. Eso sí, gastos y facturas de suministros básicos, aparte. Así, según el INE, casi la mitad de los ingresos de una familia se destina a tener y mantener un techo. ¿Y si se reducen los ingresos por ERTE, ERE, enfermedad o paro de larga duración? Pues llega el desahucio. La otra cara de la moneda es cuando sí puedes pagar la cuota (un alquiler social o del mercado libre), pero el dueño (ya sea particular, la Sareb o un fondo buitre) no quiere renovar el contrato. En muchos de estos casos, la Conselleria de Vivienda que dirige Rubén Martínez Dalmau ha negociado de forma directa para impedir que centenares de familias se quedaran sin techo en pandemia. Solo en 2021 lo ha hecho con 610 afectados, hasta el mes de mayo.
Lo que tampoco hay es vivienda social disponible y la demanda crece de forma exponencial. En 2019 había casi 14.000 vecinos apuntados en lista de espera para conseguir una vivienda asequible. En 2021 eran más de 19.600. Así, a pesar de los esfuerzos de la Conselleria de Vivienda para ampliar el parque público -en los últimos dos años han comprado 372 viviendas con una inversión que supera los 18 millones de euros- las cifras arrojan una realidad conocida: el parque publico debería crecer un 140 % para atender la demanda actual de vivienda social.
Pisos a un alquiler accesible no hay. Lo que sí hay, sin embargo, son pisos de bancos (vacíos o no) que se llaman «activos» en el lenguaje financiero y que forman parte de una maquinaria que no cesa. Y es que los fondos buitre han visto en la vivienda un negocio seguro que abarca desde fincas enteras en el centro de la ciudad para reconvertirlas en apartamentos turísticos hasta pisos minúsculos en barrios humildes o en pueblos alejados. Cuando el piso pertenece al banco hay posibilidad de negociación. Si el banco ha vendido el piso (o la deuda) al fondo buitre no hay negociación posible.
Con un piso social adjudicado
Raquel Ayala es ejemplo de la presión que ejerce la maquinaria financiera, a pesar de tener menores en la vivienda, un decreto estatal que la protege, un informe de vulnerabilidad de servicios sociales, el apoyo y respaldo de la propia Conselleria de Vivienda que ha actuado como mediadora y un piso público adjudicado que, sin embargo, aun no está disponible pero que es para ella y su familia.
Raquel y Salem firmaron en 2018 un contrato de alquiler por 200 euros al mes, en un tercero sin ascensor del barrio de Orriols. Tres meses después de la firma del contrato llegó la orden de desahucio. El piso no era propiedad de un particular, como ellos creían, sino del BBVA. Tres años después y diez órdenes de desahucio más tarde, quien reclama el piso ya no es la entidad bancaria sino Gescat Vivendes en Comercialitzacio SL, una entidad fundada en 2008.
Antes, sin embargo, llegaron notificaciones del juzgado a esa misma vivienda solicitadas por Divarian -una sociedad formada por Cerberus (80 %) y el BBVA (20 %)- que es uno de los propietarios más grandes de España y desahucia familias cada semana.
El activista de PAH València, Arturo Peiró, ha acompañado a esta familia en cada uno de los 10 intentos de desalojo y asegura que «siempre ha venido el mismo procurador del juzgado, lo que significa que la propiedad cambia de fondo buitre en fondo buitre pero son los mismos. Y un fondo buitre no necesita el piso para vivir, pero Raquel sí lo necesita porque tiene dos niñas pequeñas. Pues aún con todos los papeles y demostrando que tiene adjudicado un piso social, no la dejan en paz. Es increíble la presión que ejercen, pero los movimientos vecinales también presionamos y lo cierto es que en pandemia hemos tenido mucho trabajo», explica el activista de Orriols.
Servicios jurídicos
Desde la PAH no paran de trabajar ante una oleada de desahucios que no cesa. Sin embargo, no son los únicos. Entidades vecinales involucradas en la defensa de la vivienda se unen a servicios jurídicos específicos como El Rogle, que ha salvaguardado el techo de multitud de familias vulnerables y ha intervenido en, al menos, 380 casos desde 2019.
«Nos encontramos ahora mismo en los últimos meses, un boom de usuarios que han acudido al servicio con un perfil similar: personas que vivían de forma muy ajustada previo a la covid-19 y que la pandemia ha incrementado su vulnerabilidad. Pero también hemos atendido y atendemos a empresarios, cuidadoras, hosteleros y migrantes que era un perfil precario y afectado antes de la pandemia y ahora lo son mucho más. Muchos de estos perfiles solicitaron el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). A algunos se la concedieron y a otros no porque se contabilizaban los ingresos de 2018 o 2019 y este perfil que quedó fuera de estas ayudas. En algunos casos si se consiguieron acuerdos con disminución de rentas con familias con ingresos. Algunos ayuntamientos han habilitado ayudas para pagar deudas y eso ha ayudado. Pero muchos otros ayuntamientos no han tenido capacidad para vehicular las ayudas destinadas por la conselleria a los consistorios cuando el Estado abrió un fondo para ayudar a que las familias con dificultades económicas no perdieran su vivienda por impagos», afirman fuentes del Rogle.
Respecto al decreto de protección diseñado por el Gobierno, desde el departamento jurídico del Rogle afirman que «está resultando complicado que desde la justicia se aplique la suspensión del decreto por vulnerabilidad covid, sobre todo si eran familias previamente vulnerables antes de la pandemia. En muchos casos, desde el juzgado son reticentes incluso cuando el decreto dice que si la familia es vulnerable se debe aplicar esta suspensión. Sin embargo, lo que ocurre, si llegan a paralizarlo, es que aplican suspensiones de artículos de la ley de Enjuiciamiento Civil ya existentes antes de la covid y por eso vemos suspensiones de un mes, dos meses... pero sin aplicar el decreto», explica.
Informes ignorados
La pregunta es de obligado cumplimiento. ¿Por qué no se aplica el decreto de protección del Gobierno en los tribunales? «Pues porque los informes de vulnerabilidad de los servicios sociales no se consideran prueba definitiva. Para aplicar el decreto se pide una serie de documentación como la vida laboral, por ejemplo. Y hay que tener en cuenta la pandemia y la brecha digital», explican desde El Rogle. Y añaden: «Es preocupante el hecho de que no sea suficiente un informe bien desarrollado por los servicios sociales. No tiene sentido cargar de trabajo a los servicios sociales de con la saturación existente que hay si luego no va a servir de nada».
La Sareb envió cartas a 200 familias de Torrent y Alfafar para que abandonaran sus viviendas en un mes tras no renovar el contrato de alquiler VPO.
La PAH denunció el desahucio de dos edificios con 38 familias en La Pobla de Vallbona. La empresa propietaria de los pisos entró en concurso de acreedores y una entidad bancaria compró los inmuebles.
Cuando Raquel Ayala habló por primera vez para Levante-EMV no quiso que su rostro saliera de forma pública para evitar que sus padres se enteraran de su situación. Era Navidad y su familia formó parte de un reportaje que mostraba la agonía de las familias con una orden de desahucio que amenazaba con dejarlos en la calle. Desde entonces han pasado dos años y diez órdenes de lanzamiento. Raquel ya no tiene apuro de salir en prensa. Ha aparecido en portadas, informativos y programas de televisión. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València y otros colectivos sociales (como Entrebarris) no la han dejado sola y se han plantado en la puerta de su casa todas las veces que ha sido preciso. La familia, además, solicitó un piso social que ya le han adjudicado. Pero aún no se lo han entregado porque no está disponible. La propiedad es de un fondo buitre que no la deja en paz, a pesar de contar con un informe de vulnerabilidad y de saber que en cuando le entreguen las llaves de la vivienda social abandonarán la casa. «Es una agonía vivir así. Trabajo cuando puedo, de forma temporal. Ahora cobro el subsidio. Mis hijas no se enteran de lo que pasa pero no le deseo a nadie esta incertidumbre, explica.
