El choque en el que se enzarzaron dos instituciones de la Comunitat Valenciana, el Síndic de Greuges y la Agencia Antifraude, que discrepaban sobre el alcance de la información que el organismo encargado de la lucha contra la corrupción debe poner en conocimiento de los diputados de las Corts en casos que están sujetos a investigación, se ha enredado aún más.
Ahora, una providencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana cuestiona al Síndic de Greuges porque examinó y resolvió una queja que presentó el PP (cuyo grupo parlamentario pretende acceder a documentación sensible de Antifraude) cuando el asunto no está aún resuelto judicialmente.
El PP se ampara en el artículo del reglamento de las Corts que permite a los diputados solicitar información de las instituciones de la Generalitat y se escudó en la resolución del Síndic de Greuges para exigir a Antifraude la documentación que reclama.
Fuentes de la institución que dirige Ángel Luna señalan a este diario que, con carácter general, la Sindicatura defiende el acceso a la información en todos los casos y sostienen que hay fórmulas para hacer llegar documentación a los diputados eliminando los datos que puedan ser sensibles o reservados. La propia Agencia Antifraude informó ayer de la existencia de esa providencia que de alguna forma le da la razón en su pulso con el Síndic de Greuges.
El organismo que dirige Joan Llinares comunica que la Sala no da por aportado el informe emitido por el Síndic de Greuges respecto a la queja del PP sobre la actuación de la Agencia con respecto a la entrega de expedientes que están incursos en un procedimiento de investigación.
El TSJCV cuestiona que el Síndic de Greuges haya admitido y resuelto esta queja ya que resulta contrario a la ley de la institución que dirige Ángel Luna que no puede entrar a examinar una queja que está pendiente de resolución judicial, pues ello condiciona el trabajo y la decisión del Tribunal, que debe garantizar su independencia, según Antifraude.
Antifraude recuerda que hasta en tres ocasiones envió escritos al Síndic de Greuges, el 2 de marzo, el 30 de abril y el 1 de junio, con la advertencia de que debía observar lo dispuesto en su ley reguladora y abstenerse de entrar en el conocimiento de la queja que le enviaban los populares.
