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AGRESIONES HOMÓFOBAS

Una muerte que enciende la voz de alerta en el colectivo LGTBI

El homicidio de Samuel Luiz aviva la cuestión sobre el aumento de estos delitos de odio

Una persona muestra un cartel en la masiva concentración en València, el pasado lunes, en repudio a la muerte del gallego Samuel Luiz. | F. BUSTAMANTE

El relato que hacen las amigas de Samuel Luiz sobre cómo murió el joven gallego del colectivo LGTBI ha estremecido a gran parte de España. Justo ese mismo día, a mil kilómetros, un valenciano de 21 años, Alejandro Ocaña, sufría una agresión en grupo. También mientras le gritaban «maricón». Hubo otras dos agresiones conocidas en las últimas dos semanas en València, la última este jueves, cuando un tipo aún no detenido agredió gravemente a una pareja en los jardines del Túria porque se acababan de besar.

En un país en el que los derechos de las personas LGTBI avanzan más rápido que en otros lugares, las agresiones a ese colectivo aún existen. La Policía Nacional que investiga los hechos de Galicia y un sector de la población dudan de que el fallecimiento de Samuel Luiz sea un crimen homófobo. Algunas voces afirman que los presuntos homicidas de Samuel no le atacaron por su orientación sexual, ya que no le conocían. También se argumenta que la palabra «maricón» se usa en diversos contextos sin necesidad de que el que la profiere conozca que la persona a la que se dirige es LGTBI.

La cuestión ha hecho que las plataformas que apoyan a este colectivo alcen la voz durante la última semana. En la Comunitat, las últimas agresiones, en pleno mes de celebración del Orgullo, han alertado a las instituciones y a las organizaciones LGTBI valencianas.

«No estamos tan bien» (Temas de Hoy, 2020) es el título del libro que publicó el escritor y periodista alicantino Rubén Serrano hace menos de un año. Los avances legales, para él, no son suficientes. «Le han puesto un micrófono constantemente a discursos de odio, a la ultraderecha. Se ha llegado a una situación en la que se ha asumido que ese odio está bien y eso lleva a legitimar el asesinato de Samuel», opina Serrano en conversación con este diario. «Tenemos un discurso estatal, judicial y mediático que quiere anular las violencias que ejercen contra nosotros, es irreparable», añade el escritor.

Los últimos datos del Ministerio del Interior en cuanto a delitos de odio, correspondientes a 2019, muestran que la orientación sexual y la identidad de género son la tercera categoría analizada que acumula más delitos de odio, solo por detrás de la ideología, el racismo y la xenofobia.

Según Serrano, cuando se llama a alguien «maricón», la palabra es la punta de un iceberg que contiene tras de sí ideas como «menos machos y traidores». «Nos leen como inferiores. Nos llaman ‘maricón’ toda la vida y ahora que se ha utilizado esa palabra minutos antes de matar a una persona quieren deshumanizarla, como si estuvieras llamando ‘imbécil’ o ‘gilipollas’ a alguien. Si un hombre le dice a otro hombre ‘maricón’ con el puño en alto, eso es un crimen», expresa.

Serrano considera que las concentraciones de repudio a la muerte de Samuel Luiz que se vivieron por todo el país, incluida València, pueden ayudar a que se cree un movimiento similar al que surgió en España tras la violación grupal de La Manada. «Va a suponer un antes y un después en la reivindicación de los derechos LGTBI», indica. La parte negativa es que Samuel Luiz, como tantos otros antes, ya ha muerto. Serrano recuerda asimismo «los crímenes contra las personas trans, no binaries y lesbianas», más invisibilizados aún que los asesinatos a personas gays.

Más consultas y conocimiento

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas registró 220 atenciones tanto sociales como legales en la Comunitat Valenciana en 2020 vinculadas a situaciones de LGTBIfobia. Esas 220 asistencias corresponden a 71 personas, lo que se traduce en 3,10 por cada persona.

En lo que va de 2021, la conselleria ha detectado 99 atenciones a 63 personas. A este ritmo, habría más personas atendidas este año que el pasado pero también menos asistencias por cada caso. Desde la Generalitat apuntan a que el confinamiento de 2020 puede tener que ver en la mayor proyección de consultas que existe este año en el territorio valenciano. También destacan que hay un mayor conocimiento por parte del colectivo LGTBI de los modos en los que atenderse. El empoderamiento, así, habría crecido.

Uno de los últimos en aparecer en esas estadísticas y recibir el apoyo de la Generalitat fue Alejandro Ocaña, un chico gay de 21 años al que agredió un grupo numeroso de jóvenes la semana pasada en València. Como a Samuel Luiz, le llamaron «maricón» cuando fueron a pegarle y todo comenzó por una broma que a uno de los agresores le sentó mal. Alejandro afirma que hasta varios días después, cuando lo publicó en redes sociales y tuvo una avalancha de respuestas que lo pusieron en alarma, no se dio cuenta de la gravedad de lo que le había ocurrido. Este joven estudiante de Bellas Artes reflexiona, tras una semana desde el ataque, que no sabía que «en ese momento justo» tendría que «haber incidido sobre el por qué de la agresión».

«Cuando a mí me pegan diciéndome lo de maricón, pues uno dice ‘bueno, me han pegado por ser maricón’. Pero como al fin y al cabo la vida de un homosexual está hinchada por este tipo de insultos, eso lo llevas tú por dentro y no te lo cuestionas, sin saber que es algo más grave», subraya Ocaña.

Él cree que debería haber más «visibilidad» en la sociedad sobre casos como el suyo y el de Samuel Luiz. «Si yo hubiera visto algún ejemplo como el mío y me hubieran agredido posteriormente, ya sabría cómo actuar y que en ese caso tengo que ser más contundente», considera este valenciano. En 2019, Interior comprobó hechos conocidos de 16 casos de delitos de odio contra personas LGTBI en el territorio valenciano.

La respuesta institucional

La Comunitat estableció hace una semana el Consejo Valenciano LGTBI, coordina la implementación de la Ley Trans valenciana que ya tiene cuatro años, subvenciona a entidades LGTBI y realiza acciones para que se reduzca la invisibilización de la diversidad con campañas educativas. Asimismo, forma a policías y al profesorado en tratamiento de delitos de odio. Todo ello se coordina a través del departamento de Igualdad en la Diversidad, que dirige José de Lamo.

«En ciertos sectores están diciendo que el colectivo LGTBI parece que está gobernando el mundo. En España se han conseguido avances importantes pero los aspectos legales son lo mínimo. Todavía estamos en situación de riesgo por el hecho de simplemente ser. Tenemos que avanzar hacia la igualdad efectiva y de eso las mujeres saben mucho, una cosa es la igualdad legal y otra es la realidad, donde el patriarcado y el machismo siguen presentes. Ese camino que se abrió para la violencia machista tenemos que abrirlo para combatir la violencia LGTBI», asevera De Lamo.

Según él, el debate actual entre quienes están a favor y en contra de una mayor implicación del colectivo LGTBI en los espacios públicos está entre «quienes están a favor de los derechos humanos y quienes se oponen a los derechos humanos». «Esa es la dicotomía, ideologías totalitarias que intentan machacar a las minorías y a los derechos humanos que entendemos que abarcan la Constitución, la Unión Europea y la ONU», indica. Al tiempo, De Lamo llama a «arrinconar esas actitudes discriminatorias y violentas que generan inseguridad en la población LGTBI».

El coordinador del servicio Orienta en València, Rafael Ruiz, trabajador social también de la histórica asociación LGTBI Lambda, interpreta que «está habiendo una escalada de odio contra el colectivo LGTBI». Agresiones como las que se conocieron las últimas semanas sonaban a procedentes de otro tiempo en España. El contexto de polarización política está en el centro del problema, según Ruiz.

«No se circunscribe a lo que son hechos puntuales, esto es algo que ha propiciado el discurso de odio que se ha generalizado en todas las sociedades. Hay países que están retrocediendo», lamenta este miembro de Lambda, que defiende los derechos de las personas LGTBI en València desde un año tan lejano como 1986, cuando se sentaban los pilares de los derechos que entonces ni siquiera tenía el colectivo.

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