La Mesa de las Corts dejó ayer en suspenso el pago a uno de los diputados tránsfugas de Ciudadanos de una factura de 900 euros abonada a un bufete de abogados de Murcia por «asesoramiento parlamentario para el desempeño de sus funciones» en la comisión de Justicia del Parlamento.
La factura corresponde al mes de mayo, cuando se formalizó (el día 10) la ruptura de un grupo de diputados del partido naranja, que pasaron a los no adscritos. Entre ellos está José Antonio Martínez Ortega, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y diputado por Alicante.
El citado parlamentario ha presentado la factura del abogado de Murcia Luis Víctor de Zafra, titular de un despacho en esa ciudad que se dedica a distintas materias, si bien el letrado aparece en ficheros jurídicos como «especialista en Derecho del tráfico vial».
Los grupos del Botànic exigieron ayer el detalle de los trabajos realizados al diputado para abonar la cantidad reclamada por este. Según las fuentes consultadas, los representantes de la izquierda fueron los únicos que pusieron trabas al pago de la cantidad reclamada por el diputado.
El grupo de no adscritos ha visto cómo en esta legislatura, a diferencia de los escindidos de Ciudadanos en la pasada, no tiene el derecho a 1.400 euros adicionales para financiar «medios materiales». Las formaciones del Botànic consideran que los tránsfugas pueden intentar compensar esta pérdida mediante la presentación a la Mesa de facturas .
Según el buscador de iniciativas de las Corts, Martínez no planteó ninguna iniciativa en mayo. La comisión de Justicia celebró dos sesiones ese mes. Martínez intervino en una sobre el Fondo de Cooperación Municipal. Fuentes del grupo aseguraron ayer que, al no tener asesores (ni despacho), el bufete asesoró sobre la ley de cooperación, pues valora presentar un recurso de inconstitucionalidad.
