Aunque algunos despachos de abogados se han lanzado ya a ofrecer recursos a las multas derivadas del primer estado de alarma en cuanto se hizo público el fallo por el que el Tribunal Constitucional (TC) declaraba inconstitucional parte del decreto que amparó la sanciones, todos los juristas consultados por Levante-EMV han advertido que es «muy pronto para pensar en reclamar».

«Hasta que no se conozca la sentencia en su literalidad, no se sabrá si el Constitucional ha dejado claro en su resolución cuál es el futuro de las sanciones o si lo deja en manos del régimen general que regula la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa», explica una de las fuentes consultadas.

Todo apunta a que será ese último el camino del Tribunal de Garantías. Así, todas las multas que no han sido pagadas, decaerían, esto es, desaparecería la responsabilidad administrativa del ciudadano sancionado por romper el confinamiento domiciliario que impuso el estado de alarma entre el 14 de marzo y el 20 de junio del año pasado.

En ese saco entrarían las tramitadas con resolución sancionadora, pero aún no pagadas por el multado, las que estén en trámite el día que sea publicada la sentencia y las que ni siquiera han sido incoadas. Las cifras son claras: de las 167.936 actas de denuncia impuestas en la C. Valenciana por la Guardia Civil y la Policía Nacional (algo más de 104.000) y la autonómica y las locales (por encima de las 63.000), hay 118.446 que ni siquiera han empezado a ser tramitadas. Es decir, la Administración solo han incoado tres de cada diez denuncias impuestas por los agentes. Por tanto, esas 118.446 quedan fuera de toda duda: nunca llegarán a ver la luz.

Del resto, hay 33.844 que jamás se tramitaron por defectos de forma; 316 que están siendo instruidas por otras administraciones; 557 que fueron declaradas nulas durante la instrucción; y 2.726 que están en tramitación. Todas las cifras son de fecha de 30 de abril, por lo que habrán cambiado, aunque el Gobierno no ha actualizado estos datos desde entonces.

Siguiendo con esas cifras, lo que está claro es que de todas las mencionadas, son esas 2.726 las que decaen claramente con el fallo del TC de manera clara. Es decir, como si nunca hubieses existido.

A 30 de abril, había otras 8.895 expedientes ya resueltos con sanción, pero nadie es capaz de decir cuántas de esas han sido pagadas. Serían esas, las pagadas a la fuerza, junto con las 12.047 de pago anticipado —el ciudadano prefirió abonarlas con el descuento por no alegar— las que están pendientes de saber si finalmente se pueden reclamar a las arcas del Estado o si, por el contrario y como parece más probable, el fallo no les afectará y el ciudadano no podrá recuperar su dinero.

¿Se podrá recurrir alguna?

Si esa es la tesis, ninguna podrá ser reclamada: la mayoría, porque decaen, y esas pocas cobradas (se estima que entre 6 y 20 millones de euros solo en la C. Valenciana), porque no se ven afectadas por el fallo, ya que cuando fueron pagadas, el Constitucional aún no se había pronunciado.