El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica dio ayer un paso más con su aprobación por parte del pleno del Consell. Atendiendo al texto, a partir de 2023 los vehículos de nueva matriculación tendrán un gravamen en función de los gases contaminantes que emitan. La fiscalidad verde también contempla un impuesto a las superficies comerciales de más de 2.500 metros según el volumen de coches que acudan. Por último, también pagarán aquellas actividades que generen contaminación difusa y que deberán reducirla de forma progresiva.
Aunque se mantienen las grandes premisas del primer borrador, se modifican algunos de los aspectos más conflictivos que habían provocado el rechazo de la patronal. Así, del nuevo texto desaparece el gravamen para los grandes comercios de más de 1.300 metros situados fuera de las ciudades. Con el cambio, solo pasarán a pagar aquellos que superen los 2.500 metros, que pagarían por cada vehículo que acceda a sus instalaciones. En la línea del Plan de Acción Territorial del Comercio Valenciano (Patsecova), que entrará en vigor a partir del próximo mes de septiembre.
La recaudación servirá para la creación de un fondo finalista con el que poder acompañar a los sectores más desfavorecidos para que la transición sea ecológica y justa. Así lo recalcaba ayer Mireia Mollà, quien señalaba que se han recibido 730 alegaciones que se han atendido en su gran mayoría si no de forma completa, si al menos parcialmente.
La consellera incidía en la «tropicalización» del territorio valenciano, con el aumento de las temperaturas nocturnas, la extremización de los temporales y la regresión del litoral. «Hay que actuar», insistía Mollà.
El documento, elaborado por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, seguirá ahora su recorrido en las Corts, que deberán validar toda una serie de propuestas e instrumentos para hacer frente a los efectos del calentamiento global. Mollà alertaba sobre el riesgo de incendios, la tensión hídrica y las enfermedades asociadas a vectores de transmisión.
Uno de los ejes de la norma órbita sobre la movilidad sostenible, donde Mollà hacia hincapié en una transformación de la trama urbana de las ciudades «para valientes», con el fin de minimizar o compensar las emisiones de carbono. Se refería a drenajes sostenibles para adaptarse a episodios de lluvia intensas o eliminar hormigón para combatir el efecto isla de calor.
Con la meta de reducir un 40 % las emisiones de CO2 en 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050, Mollà reiteraba que para entonces el 70 % de la producción de energía sea de origen renovable para que el consumo de fuentes limpias alcance el 42 %. Todo ello no solo para cumplir con los objetivos marcados por la UE, sino para garantizar unas mejores condiciones de vida en un punto, el Mediterráneo, epicentro del cambio climático.
Zonas de desarrollo prioritario
En las actuaciones de Territorio, Mollà habló de fijar zonas de desarrollo prioritario, en colaboración con los ayuntamientos, o al derecho de superficie, dos mecanismos dedicados a simplificar la implantación de proyectos de energía limpia promovidos por cooperativas, comunidades energéticas locales o incluso corporaciones locales.
