No hay nada como tener un estímulo para ponerse las pilas. Y en este caso, para la Generalitat no hay mayor aliciente que tratar de dejar al presidente de la Diputación y líder del PPCV, Carlos Mazón, sin argumentos. Con ese objetivo, el Consell ha querido llevar los deberes hechos a la comisión bilateral con la Diputación de Alicante que se celebra el próximo lunes y ya ha abonado la totalidad del dinero del Fondo de Cooperación Municipal a todos los ayuntamientos y entidades locales de la Comunitat Valenciana.
Es precisamente este plan autonómico el que más está enfrentando a las dos instituciones ante la negativa de Mazón de sumarse con los criterios que marca el Consell, lo que ha dejado a los municipios alicantinos sin 13,7 millones de euros anuales.
Estas ayudas, que ascienden a 40 millones asignados por la Generalitat a todos los municipios, tienen como objetivo reforzar la solvencia financiera de los ayuntamientos y se transfieren directamente con criterios de reparto objetivos, con base en la población, y de forma incondicionada en su gasto.
El plan se puso en marcha cuando el Botànic llegó en 2015 y ha sido el principal motivo de disputa entre la Generalitat y la diputación alicantina, sobre todo desde que se está tramitando en las Corts la ley que regulará este reparto de ayudas para obligar a Mazón a sumarse, como hacen las diputaciones de Valencia y de Castelló, que ya han abonado también sus aportaciones a los ayuntamientos. Este será el principal asunto a tratar en la comisión bilateral del lunes, que se pone en marcha con un año y medio de retraso y que llega precedida de un tenso y enrevesado pulso político.
El PP defenderá la voluntariedad de adscripción al Fondo de Cooperación, frente a la obligatoriedad que propone el Consell con la citada ley, y, en segundo lugar, abogará por el reparto de los fondos siguiendo un criterio poblacional que beneficie a los municipios más pequeños.
