El Consell tiene previsto aprobar en el pleno de hoy el decreto que desarrolla la ley de actividad de los grupos de interés, los llamados ‘lobbys’. El acuerdo desbloquea la creación de un registro de grupos de interés con el objetivo de dar transparencia y publicidad a las relaciones de los cargos públicos con estos grupos.
Según la redacción final quedan obligados a dar publicidad a sus encuentros no solo los cargos políticos sino también el personal empleado público de la Generalitat y del sector instrumental cuando mantenga reuniones o entrevistas de trabajo con los grupos de presión. El tira y afloja sobre los funcionarios, Presidencia quería incluirlos y Transparencia tenía dudas jurídicas, se resuelve incluyéndoles en la obligación.
La ley se aprobó en las Corts en 2018, pero estaba sin desarrollar. Todos ellos quedan obligados a facilitar su identidad tras los encuentros para el control de la actividad de influencia que realicen ante la Generalitat. El órgano responsable del registro de grupos será el directivo o en su defecto el que tenga atribuido el ejercicio de las funciones de control ante posibles conflictos de intereses.
Mientras, los ‘lobbys’ quedan obligados a inscribirse en el registro e informar previamente de su condición y sin esta inscripción no pueden reunirse, entrevistarse o participar en las agendas de trabajo de cargos públicos ni del personal empleado público.
También se habilitarán canales telemáticos de alertas y denuncias para que se pueda comunicar por parte de terceras personas posibles casos de información contenida en el registro que sea errónea o que contenga una omisión relevante o de incumplimiento de la ley. Así se garantizará la confidencialidad de las personas comunicadoras sin que quienes estén encargados del proceso puedan identificarlos.
