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La patronal señala un déficit de 18.000 plazas en el plan de Oltra de residencias

Aerte propone aprovechar los fondos europeos para lanzar un plan público privado que asegure la construcción de nuevos centros

La Comunitat Valenciana tiene un déficit de más de 21.000 plazas residenciales de personas mayores según el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Ante esta situación, el Plan Convivint presentado recientemente por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas prevé la construcción de 34 residencias, «que suponen un máximo de 3.400 plazas por la limitación de cien plazas por instalación». Así lo aseguran desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) tras constatar que pese al programa de la conselleria existe un desfase de 18.000 plazas.

«La única respuesta es que las personas quieren ser atendidas en sus casas, como es normal, pero eso no impide que estas plazas sean necesarias. Lo mismo podríamos decir de los hospitales, que la gente no quiere ir a ellos y que prefiere ser atendidos en sus casas, pero necesitamos esa infraestructura cuando sea necesario. Nadie desde el sector ha cuestionado el liderazgo público en este proceso y que se creen más plazas públicas, como hace este plan, pero no sabemos cómo se va a cubrir el resto de necesidades», afirma el presidente de Aerte, José María Toro.

Sin embargo, en la presentación del plan en cuestión, Oltra defendió unos números mayores a los que plantea la patronal al anunciar una inversión de 561 millones de euros para 247 actuaciones entre 2021 y 2025 que prevé la creación de 6.600 plazas públicas, generar 3.500 empleos directos y garantizar el acceso equitativo de la ciudadanía a estos recursos. Aun con estos números, el déficit que denuncia Aerte sería de 14.400 plazas residenciales.

Es más, la patronal del sector afirma que en el marco de los fondos europeos de recuperación «la colaboración privada es fundamental para alcanzar los objetivos» y la economía de los cuidados «es un eje primordial junto a la digital y la medioambiental». «Sin embargo -lamenta la asociación de residencias-, no se aprovechan estos fondos para lanzar un gran plan público privado que asegure la construcción y funcionamiento de estos centros que debería ser planteado por Mónica Oltra y hacerlo atractivo para las entidades que quieren apostar por el sector», explica Toro.

Y añade: «Este es uno de los pocos sectores que pide más apertura de centros, más competencia porque ve necesario que se pueda atender a miles de personas que van a necesitar estos servicios. Lo fácil sería permanecer callados y dejar que la demanda aumentara con el consiguiente incremento de precios, sin embargo el propio sector viene planteando esta cuestión desde hace más de tres años».

Cabe recordar que el sistema de dependencia en la Comunitat Valenciana ha incrementado de manera espectacular el número de personas con una prestación, reduciendo de manera muy importante la lista de espera. De hecho, se ha incorporado al sistema 72.701 personas en estos seis años.

En la Comunitat Valenciana se atiende en la actualidad a 117.051 personas. Ahora bien, el 77,09 % de las nuevas prestaciones se ha destinado a un recurso excepcional, según la ley de la Dependencia, que se denomina ayuda al cuidador no profesional, tal como publicó la semana pasada Levante-EMV.

Sin cotización

«Más del 83 % de las personas cuidadores se encuentran sin cotización, salvo que lo estén haciendo por otra vía que nosotros desconocemos y que, en ningún caso, puede ser el régimen de empleada del hogar ya que lo impide su reglamento», recalca Toro.

En este sentido, Aerte defiende un sistema de colaboración público privada y se basa en la Sindicatura de Comptes que «viene diciendo desde hace muchos años que este sistema en el sector de los servicios sociales permite dar un mejor servicio al ciudadano y además atender a muchas más personas».

Y es que para Toro, «la función social de las empresas y su aportación de valor público ha quedado demostrada fehacientemente. Si la conselleria quiere seguir apostando por el modelo de gestión pública tendrá que justificar el porqué. Ya solo puede responder a cuestiones ideológicas basadas en prejuicios o percepciones subjetivas pero no en datos objetivos porque hay informes que así lo aseguran».

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