La fiscalidad está en el centro del campo de juego de la política valenciana desde hace tiempo. Ciudadanos lo ensanchó ayer con una nueva propuesta que se une a la que el PP presentó hace unas semanas como idea estrella de su nuevo líder, Carlos Mazón, y a la que el Consell puso sobre la mesa el pasado viernes avalada por un comité de expertos para tratar de reformar la fiscalidad valenciana.
A las tres se unen las que Compromís y Unides Podem presentaron en las Corts hace un año. La política tributaria es un asunto con impacto entre la ciudadanía, como demostró Isabel Díaz Ayuso en mayo, y nadie quiere quedarse descolgado. Sin propuesta fiscal no hay paraíso electoral.
La de Ciudadanos, según su síndica, Ruth Merino, es ambiciosa, equilibrada y creíble, y supondría un ahorro para «todos» los valencianos de 500 millones. Merino y su portavoz de Economía, Tony Woodward, proponen bajar medio punto el tramo autonómico del IRPF, hasta 65.000 euros, lo que beneficiaría al 96 % de los valencianos; suprimir el Impuesto de Sucesiones, una demanda clásica de la formación liberal, y ampliar el mínimo exento del de Patrimonio hasta los 700.000 euros.
Merino está convencida de que si se bajan impuestos se consigue aumentar la recaudación, sin incrementar la deuda ni el déficit. También proponen un cheque bebé de entre 150 y 300 euros al mes para fomentar la natalidad y financiar a fondo perdido el 20 % del precio de la vivienda. Si Merino, una profesional del sector -es economista y técnica de Hacienda del Estado- estima sensato que los valencianos se puedan ahorrar 500 millones, la propuesta que presentó Mazón triplicaba esa previsión.
El PP ve posible una bajada de impuestos a todas las rentas por importe de 1.530 millones, que, según sus cuentas, no solo no tendría un impacto en la recaudación ni lastraría aún más las cuentas de una Generalitat infrafinanciada, sino que traería consigo más ingresos e incluso la reducción del déficit público. La cuadratura del círculo del PP se lograría por la fe en el «círculo virtuoso» de la economía y la hipótesis de que la bajada generalizada de impuestos, incluido a las rentas más altas, activa el consumo y el empleo, según se dijo. El PP también aboga porque las grandes fortunas se libren de pagar el impuesto de Patrimonio, además de una bonificación del 99% en el caso de Sucesiones, como propone Cs.
Mientras, el paradigma en la izquierda es distinto. Si la derecha quiere rebajar impuestos, el Botànic cree necesario abrir nuevas vías de ingresos para reforzar el escudo social, una necesidad que ha demostrado la pandemia.
Nuevos impuestos
Así, la propuesta de los expertos del Consell, presentada el viernes, busca nuevos ingresos con impuestos sobre emisiones, gases de efecto invernadero y grandes establecimientos comerciales y se abre a establecer un impuesto sobre bebidas con azúcares; además de reformar los tributos cedidos para aliviar la carga fiscal para las rentas bajas y medias e incrementarla a las altas. No toca el impuesto de patrimonio que grava las grandes fortunas, pero sí generaliza las bonificaciones fiscales en el impuesto de sucesiones y donaciones.
En octubre del año pasado Compromís anunció una amplia reforma fiscal para dos años que aumentaría los ingresos en torno a cien millones. Con una fiscalidad más progresiva y nuevos ingresos ligados a las políticas verdes. Incluía dos nuevos tramos de IRPF para rentas que ingresen más de 140.000 y 175.000 euros y un impuesto para los grandes tenedores de viviendas vacías.
Unides Podem presentó la suya en noviembre del año pasado, con la idea de aumentar la presión sobre las rentas más altas y crear dos nuevos tramos superiores con la elevación de los tipos a partir de 120.000 euros para que las rentas más altas contribuyan más sin tocar las más bajas. Pedía también limitar las deducciones fiscales y detallar su eficacia.
