El ‘yonqui del dinero’ Marcos Benavent consumará hoy el vuelco que pretende dar al caso Taula para invalidar las pruebas originales sobre la que se construyó esta macrocausa de doce piezas separadas: el material informático aportado o incautado durante las operaciones policiales realizadas por la Guardia Civil por orden del Juzgado de Instrucción 18 y la Fiscalía Anticorrupción.
El exgerente de Imelsa (Impulso económico local, SA), antigua empresa pública de la Diputación de València, ya ha mostrado sus cartas ante los investigadores del caso, previsibles tras cambiar de abogado y solicitar una nueva declaración, prevista para hoy en la Ciudad de la Justicia. Y lo ha hecho al presentar el escrito de defensa en la pieza separada D que investigaba el presunto amaño del centro de llamadas o ‘call center’ de la Diputación de València. En esta causa están investigados el propio Marcos Benavent, el expresidente de la institución provincial, Alfonso Rus, el exsuegro de Benavent, Mariano López, y el empresario con el que presuntamente se amañó el contrato del servicio telefónico.
La instrucción del ‘call center’ ya está finalizada y pendiente de que se presentaran los escritos de defensa para señalar el juicio, que debe celebrarse en la Audiencia de València.
Tras colaborar durante seis años con la justicia, el ‘yonqui del dinero’ ha decidido replegar la manta de la que tiró cuando reapareció en 2015 e impugnar los lápices de memoria aportados por la dirigente de Esquerra Unida y actual consellera de Participación, Transparència, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, y por su exsuegro y empresario de Xàtiva, Mariano López. Estos lápices USB contenían las grabaciones que Benavent realizó durante años a sus interlocutores mientras pactaba mordidas o contaba comisiones. Como la famosa grabación del «mil, dos mil, tres mil... Dos ‘millons’ de peles» a cargo de Alfonso Rus.
El caso Erial
La misma petición realiza para el registro realizado en el despacho de su anterior abogado en 2015 y que no sólo permitió a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil obtener numerosa documentación sobre la presunta corrupción instaurada en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València que se investiga en Taula. Este registro también fue el germen del caso Erial, en el que se investiga al expresident y exministro Eduardo Zaplana y a su círculo más cercano de confianza. Una circunstancia que el exjefe del Consell no dejará pasar de largo.
El nuevo abogado de Benavent, Juan Carlos Navarro, alega en nombre de su «patrocinado» la «falta de tutela judicial efectiva, indefensión, falta de motivación y de proporcionalidad» e «investigación prospectiva a espaldas de los investigados» para intentar impugnar las pruebas que ayudaron a construir el caso Taula desde que la Fiscalía Anticorrupción abrió las primeras diligencias de investigación penal en el verano de 2014.
Otro de los motivos alegados es la «ruptura de la cadena de custodia» de los dos lápices de memoria aportados por Pérez Garijo y Mariano López, de los que Benavent, tras validarlos en sus primeras declaraciones, dice ahora que no puede garantizar su autenticidad, integridad y fiabilidad de la fuente de la prueba. Argumentos que reiterará hoy a los investigadores de Taula con, al parecer, un nuevo aspecto.
