El caso Taula sigue su curso a pesar del último giro de guion protagonizado por el yonqui del dinero, Marcos Benavent, al intentar torpedear la macrocausa de corrupción. El titular del Juzgado de Instrucción 18 de València también ha dado por finalizada la pieza separada E que ha investigado el presunto amaño de los contratos en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València, durante la etapa de la concejala María José Alcón.
Entre los contratos bajo sospecha por el presunto pago de mordidas está la limpieza de las fachadas de la Lonja, la intervención en las Torres de Quart y la restauración de los puentes históricos de Serranos y la Trinidad, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Por estos hechos se sentarán en el banquillo de los acusados Marcos Benavent, que en el momento de los hechos era trabajador de la Fundació Jaume II el Just antes del nombramiento como gerente de la empresa pública Imelsa y autoconfeso yonqui del dinero Marcos Benavent, y cuatro representantes legales de varias empresas adjudicatarias: Carlos Vicent Gil (adjudicatario de las obras de la Lonja y los puentes históricos, aunque vendió su empresa en 2005), Carlos Turró Homades (responsable de Cleop, la adjudicataria de la rehabilitación de las torres de Quart) y Rafael García Barat y Enrique Aleixandre Chumillas por los contratos de la XXVII Mostra de València en 2006.
A falta de que la Fiscalía Anticorrupción presente su escrito de acusación, el magistrado del caso Taula considera que los hechos investigados podrían revestir indiciariamente caracteres de delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos. También aprecia un posible delito continuado de cohecho por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de las adjudicaciones.
En este procesamiento pesan mucho las grabaciones que realizaba Marcos Benavent, y que ahora ha querido desacreditar, pero que el auto de apertura de procedimiento abreviado reproduce. Como la conversación en la que hablan Benavent y Alcón en la que la concejala le pregunta sobre un contrato: ¿De aquí sacaremos alguna cosilla? ¿No? ¿De todos estos?», a lo que el yonqui del dinero le responde: «De todos». Y Alcón apostilla: «De todos sacaremos algo, para pasar el verano, Marcos. Yo confío en ti y así por lo menos para tomarme unas cervecitas».
La causa queda archivada para la exconcejala María José Alcón tras su fallecimiento en 2018, pero también para su exmarido y director de la Fundació Jaume II el Just Vicente Burgos porque el magistrado del caso Taula no ve indicios suficientes contra él ni contra el asesor de Alcón, Pedro Aracil.
Sobre Burgos, el magistrado señala que «no aparece en las conversaciones grabadas», aunque Benavent sí declaró que era su «emisario» en el cobro de mordidas. Y la relación de Burgos con Alcón, tras divorciarse en 2004, «no es indicativa de que pudiese existir entre su esposa y él ningún tipo de connivencia en la obtención del beneficio ilícito». Sobre el asesor, Pedro Aracil el juez del caso Taula señala que «no consta su participación activa y personal de los hechos», por lo que también sobresee la causa contra él.
