El programa temporal de lucha contra la brecha salarial y racionalización y mejora de la clasificación de puestos en la Generalitat arrancará en 2022 con 6, 6 millones de euros. Esta cantidad, anunciada ayer por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en las Corts será consignada en los próximos presupuestos y servirá para combatir la discriminación salarial por razón de sexo el funcionariado valenciano.
El plan, que forma parte de un acuerdo de la Mesa General de Negociación alcanzado el pasado mes de agosto, tendrá su continuidad en 2023 y 2024 y tal como adelantó en su día este diario el objetivo es reducir el desfase en las nóminas desde una perspectiva de género. Los 6,6 millones se repartirán entre los sectores de función pública, Justicia, Educación y Sanidad.
El acuerdo busca una revisión con mirada de género de las retribuciones de la plantilla para incrementar las asignaciones del complemento específico y de las retribuciones de los puestos de trabajo considerados feminizados e infraclasificados con el fin de homologarlos a los puestos que ejercen funciones y responsabilidades similares.
Este análisis con mirada de género era una asignatura pendiente de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas desde que en 2016 encargó el Libro Violeta de la Función Pública, un estudio que detectó que las funcionarias ganan un 14 % menos de media al año que sus compañeros varones.
El fenómeno es complejo, pero hay dos causas principales. La primera es el hecho de que los permisos relacionados con el cuidado son cogidos mayoritariamente por mujeres, lo que en muchos casos supone un recorte salarial de facto y que después merma su promoción y carrera profesional.
La otra cuestión clave es la que tiene que ver con los complementos retributivos. Los datos analizados demostraron entonces que dentro de un mismo grupo de titulación los puestos mejor retribuidos son ocupados mayoritariamente por los hombres. Esto es consecuencia de sesgos de género relacionados con la promoción. El otro factor tiene que ver con el diseño y aplicación de determinados complementos. Se detectó que pluses como el de peligrosidad y toxicidad tienen un sesgo a favor de puestos copados por hombre, cosa que no ocurre en los puestos «feminizados».
Lograda ya la consignación presupuestaria el siguiente paso es saber qué puestos serán objeto de mejora retributiva. El departamento de Bravo tiene ya identificados los puestos feminizados: un total de 2.813. Se trata del colectivo de especialistas en educación especial e infantil (1.599 puestos ) y los especialistas y técnicos superiores en atención sociosanitaria (1.214 puestos).
En todos ellos, el porcentaje de mujeres está por encima del 70 % y su salario medio está por debajo de la media de las retribuciones del resto de personal con la misma categoría. La revisión salarial en el ámbito de función pública ya comenzó la pasada legislatura con la mejora salarial de más de 830 puestos (la mayoría ocupados por mujeres) en el área de atención sociosanitaria. Fuentes de la conselleria indicaron que todavía está por decidir que dinero les corresponderá y con qué colectivos se comenzará. Eso, admitieron que la reclasificación de los puestos de educación es más compleja.
Complemento compensatorio
Fuentes de la Conselleria de Educación explicaron que en el sector docente (dos de cada tres son mujeres) la brecha salarial se debe sobre todo a que las medidas de conciliación recaen en las féminas. El departamento de Vicent Marzà ya decidió destinar 3,5 millones para un complemento compensatorio para el personal docente que pide reducción de jornada por cuidado de menores o mayores.
La idea es seguir trabajando en esta línea tras negociarlo con los sindicatos. En el ámbito sanitario, donde 49.640 de las 65.713 plazas gestionadas por la conselleria están ocupada por mujeres tampoco está decidida el reparto del dinero.
