La esperada propuesta del Ministerio de Hacienda sobre los criterios de la futura reforma del sistema de financiación, caducado desde 2014, ya está sobre la mesa delConsell y del resto de ejecutivos autonómicos. El documento, de 240 folios, ha llegado esta tarde, dos días y medio después de que acabara el mes de noviembre, el plazo al que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se había comprometido.

El planteamiento del Gobierno no deja dudas a la hora de considerar la población ajustada como la variable más representativa de las necesidades de gasto, en la línea de la reclamación histórica del Consell de primar la población, con los ajustes necesarios, como ahora hace el Gobierno. 

El documento amplía el peso del gasto sanitario y del educativo respecto al modelo anterior. El primero pasaría del 38% actual a una horquilla del 40 al 45% y el segundo del 20% a entre el 25 y 30%. El documento incorpora indicadores muy diversos y muy detallados que suponen una auténtica radiografía de las desigualdades que arrastran autonomías como la valenciana. El Gobierno señala que los datos que ahora incluye son más realistas que los de los modelos anteriores, lo que permite fijar mejor la distribución del gasto por autonomías de los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales y en consecuencia ajustar mejor los recursos.

No obstante, y pese a la esperanza que supone el paso adelante, la propuesta requiere también cautela a la vista de la experiencia de 2009: un modelo que, en la época de Zapatero, debía mejorar la posición valenciana pero en la práctica supuso un avance ínfimo. Un factor a tener en cuenta es que en la elaboración de la propuesta ha tenido un peso importante según algunas fuentes el Instituto de Estudios Fiscales, promotor del modelo en vigor, que mantiene los privilegios en el reparto de las comunidades menos pobladas.

De momento, el Ministerio de Hacienda se abre a la mejora de su propuesta y emplaza a las autonomías a remitir posibles modificaciones antes de que acabe enero, aunque destaca que la propuesta no sale de la nada sino que se basa en los trabajos previos del comité de expertos, en el que han participado estudiosos de todas las autonomías por lo que existe cierto consenso previo al menos sobre la variable de la población ajustada. La novedad está también en la estratificación, en bloque de edad y gasto, de los distintos servicios que prestan las autonomías. También se mantienen variables correctivas como la superficie, la dispersión o la insularidad que ya estaban en el modelo anterior

Con la propuesta el Gobierno ha dado un paso adelante. Y entre hacer o dejar pasar en materia de financiación autonómica ha optado por dar un paso adelante. Parece fácil, pero no lo es tanto cuando muchos alrededor aconsejaban lo contrario. La mayoría de presidentes autonómicos socialistas era del parecer de mejor dejar las cosas quietas ante la complejidad territorial y política. Se vio en la reunión en Ferraz del 5 de noviembre. Ximo Puig y Francina Armengol defendieron la urgencia de la reforma y que podía ser más negativa la inacción después de tantos años de espera. Para el resto, suponía demasiados riesgos el cambio.

El Gobierno da el paso

Finalmente Pedro Sánchez y la ministra María Jesús Montero dan un paso que se esperaba desde 2014 y al que se comprometió Mariano Rajoy en enero de 2017 y nunca llegó. Solo la acción ya cuenta cuando lo que ha habido durante muchos años es parálisis.

Habrá que ver ahora cómo se concretan los criterios enviados ayer por Hacienda a las autonomías. La propuesta tiene de entrada un valor significativo: elimina el llamado «status quo» que lastra a la Comunitat Valenciana desde 2002. Esto es, el mecanismo de reparto que daba prioridad al Fondo de Suficiencia Global, según el cual las arcas valencianas perdían anualmente 1.400 millones de euros con respecto a la media española. Aunque en 2009 este sistema se intentó retocar para mejorar la situación de las infrafinanciadas nuevos fondos de compensación dejaron el esquema de distribución en una situación muy parecida. La propuesta actual elimina ese farragoso modelo y prima un criterio en el que se valora fundamentalmente el gasto real en educación y sanidad, en función de una serie de hasta 20 tramos de edad en el caso sanitario.

Identifica mejor el gasto

El Gobierno defiende que ahora puede identificar mejor la estructura del gasto público autonómico y ponderar esta variable de forma más extacta que los modelos anteriores porque se usan nuevas estadísticas y datos que garantizan que la distribución de los recursos se adecúa mejor a la realidad demográfica, social y territorial de cada autonomía

El informe no sale de la nada, señala el Gobierno sino que parte de los trabajos previos realizados por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación, lo que significa que se ha tenido en cuenta la opinión de las Comunidades Autónomas que han participado en estos foros.