La crisis económica generada por la irrupción del coronavirus en tierras valencianas ha golpeado con fuerza a diferentes sectores económicos. La hostelería, sin duda alguna, ha sido uno de los más afectados. Bares, cafeterías y restaurantes —por citar los tres grandes ejemplos— vieron considerablemente mermada su capacidad de negocio por la restricciones implementadas para frenar los contagios de covid-19.
Conscientes de esta situación, desde las administraciones públicas, especialmente la Generalitat, vertebraron líneas de ayudas con el objetivo de paliar, en la medida de lo posible, los embates económicos sufridos a partir del estado de alarma de marzo de 2020.
Uno de los programas más conocidos fueron las ayudas directas de urgencia bautizadas como «plan Parentésis», que contaron con unos fondos de 160 millones de euros. Se enmarcan dentro de una iniciativa global bautizada como «programa Resistir», un ambicioso plan de choque lanzado por la Generalitat.
El ejecutivo autonómico transfirió el dinero a los ayuntamientos, tanto fondos propios como de otras administraciones públicas. Sin embargo, las partidas no se agotaron. De hecho, en muchos casos los municipios han tenido que devolver los excedentes.
Los datos a los que ha tenido acceso Levante-EMV confirman un retorno global de 9,3 millones de euros tras no tramitarse todas las ayudas. Orihuela (1,3 millones) y Benidorm (767.450 euros) suman más de 2 millones de euros y copan por sí solas el 20 % del total. Se da el caso de que se trata de dos localidades donde gobierna el PP. Orihuela está presidida por Emilio Bascuñana y Toni Pérez, presidente del PP provincial de Alicante, es el primer edil de Benidorm. Ambos son hombres cercanos a Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante.
Fondos no utilizados y retornados
Se trata de fondos que no han sido utilizados y que han retornado a las arcas del Consell. Fuentes del ejecutivo autonómico apuntan a que en casos concretos, como las dos poblaciones que más excedente concentran, se podría haber producido mala gestión o un boicot. En el otro lado de la balanza hay situaciones como la de la ciudad de València, que devuelve 204.003 euros de los más de 22 millones percibidos.
Otras fuentes comentan que en algunos casos las partidas no se han exprimido por fallos de tramitación. Hay casos de peticiones donde no se cumplían requisitos, solicitudes realizadas en municipios donde las firmas no tenían su domicilio fiscal o empresas no inscritas en la Clasificación de Actividades Económicas (CNAE).
