Las tensiones electorales son malas compañeras de viaje para cualquier consenso político de calado máxime si de lo que se trata es de pactar el nuevo modelo de financiación autonómica, un asunto capital para las comunidades autónomas y donde se mezclan intereses partidistas y territoriales. Se veía venir que la activación del proceso electoral en comunidades como Castilla y León podrían empañar el ambiente político óptimo necesario para que populares y socialistas se pongan de acuerdo para que la reforma prospere en el Congreso de los Diputados. Y así ha ocurrido. El Consell lleva tiempo intentando que el debate sobre la financiación autonómica salga de la contienda política, pero el objetivo se complica ante el horizonte electoral del próximo 13 de febrero, una cita que, además, podría ser la antesala de elecciones anticipadas en Andalucía.

El líder del PP moldea su postura sobre la financiación para impulsar al partido en la comunidad de Fernández Mañueco

Los populares confían en que este nuevo ciclo electoral les proporcione un viento de cola suficiente para, llegado el momento, alcanzar al PSOE y volver a la Moncloa. Quizás por ello y, por la importancia estratégica que tiene para el PP afianzar y si es posible ampliar su poder en Castilla y León, el presidente del PP, Pablo Casado, ha amoldado su postura sobre el modelo de financiación a los intereses de esa comunidad, contrarios a los de la Comunitat Valenciana. Durante su participación en un mitin electoral en la comunidad gobernada por Fernández Mañueco el fin de semana, Casado se comprometió a impulsar un sistema de financiación que "cubra las necesidades de las comunidades autónomas en las que los servicios públicos cuestan más por la despoblación y la dispersión".

Este es el criterio que Castilla y León, junto con la denominada España vaciada, defiende para que pese en el futuro reparto de los fondos. Un posición distinta a la que se defiende en la Comunitat Valenciana a favor de que el criterio fundamental sea la población ajustada de modo que aunque existan factores correctores por dispersión, estos no influyan lo suficiente cómo para dejar de nuevo a la Comunitat a la cola de la financiación por habitante.

Postura irresponsable

No es de extrañar que ayer, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, haya tachado de "irresponsable" la postura de Pablo Casado respecto a la financiación y ha dicho que además "es injusta, anticonstitucional y va en contra de la cohesión territorial". "Es necesario ser muy riguroso en los temas de financiación. Durante su intervención Puig recordó que Casado, durante el congreso regional en el que se eligió a Carlos Mazón como nuevo presidente del PP, defendió el conocido como modelo Zaplana, acordado bajo mandato de José María Aznar y que fue perjudicial para la Comunitat Valenciana. "Con este modelo habríamos perdido en los últimos 4 años casi 6.000 millones de euros", ha resaltado Puig.

"Se necesita un PP responsable, que sepa conectar con la realidad de toda España y esa realidad es que la Comunitat Valenciana es la peor financiada" y por tanto, "cualquier fórmula de las que plantee el señor Casado y que nos lleve a una peor situación es injusta, es anticonstitucional y va en contra de los valencianos y de todo lo que significa la cohesión entre los españoles", ha añadido.

Con todo, el cruce de declaraciones no hace sino evidenciar que la tensión electoral por los comicios en Castilla y León influye negativamente en el debate y lo hace justo cuando el Gobierno de España está la espera de que las comunidades autónomas le envíen las correspondientes alegaciones a la propuesta de esqueleto de financiación autonómica que presentó antes de las Navidades. Esta propuesta, que no entra en detalle sobre el reparto de los fondos, era el punto de partida para un debate que difícilmente puede llegar a buen término con elecciones de por medio. Ahora bien, el Gobierno que preside Pedro Sánchez se ha comprometido a presentar el nuevo modelo de financiación autonómica, por lo que, en teoría, el procedimiento deberá seguir y una vez que las comunidades hayan entregado sus propuestas, el ministerio de Hacienda tendrá que 'mojarse' y presentar la propuesta. El Consell, ahora en comunión con el Gobierno de Sánchez, seguirá presionando para evitar que la reforma caiga de la agenda política nacional.