La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, han coincidido en la necesidad de que la Ley de Vivienda sea aprobada lo antes posible y sin cambios para que las comunidades autónomas puedan regular los precios en las zonas tensionadas.
Así lo ha planteado tras reunirse este jueves con la titular de Derechos Sociales en la sede del ministerio, un encuentro que según el departamento de Belarra ha versado principalmente sobre esta nueva normativa, que habilita a las comunidades autónomas a poder regular los precios de alquiler.
"No tengo ninguna duda de que aplicaremos esta herramienta si así se contempla desde el ordenamiento jurídico. De hecho, la Generalitat Valenciana cuenta con un mapeado exhaustivo sobre las áreas tensionadas en materia de alquiler, contempladas en las áreas de alta necesidad de vivienda, que nos servirá como base para aplicar esta regulación", ha señalado el vicepresidente y conseller.
Para el vicepresidente valenciano la aprobación de esta ley supone un paso de gran relevancia en el blindaje del derecho a la vivienda. "Por primera vez en la historia de la democracia se provee a las instituciones de toda una serie de herramientas para intervenir en el mercado inmobiliario en favor de la mayoría social como son las personas inquilinas", ha destacado.
Situación de la ley
La normativa está a la espera de recalar en segunda vuelta en el Consejo de Ministros para proceder a su remisión al Congreso, de cara a iniciar su tramitación parlamentaria. El Gobierno de coalición calculaba poder hacerlo el pasado martes pero esos planes se torcieron ante la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de rechazar la propuesta de informe del vocal progresista Álvaro Cuesta y abordar un nuevo dictamen, preceptivo pero no vinculante, para finales de mes.
En el ámbito estatal, el espacio confederal ya ha manifestado que no aceptará ningún cambio al texto pactado con el PSOE en caso de emitirse un informe en contra de la normativa por parte del organismo judicial.
Y es que fuentes de Unidas Podemos ya dijeron que vaticinan un documento "muy duro" por parte del CGPJ, al que ven "a favor de proteger los intereses del mercado inmobiliario y los fondos buitre". Por todo ello, estarán vigilantes a que se respete el texto íntegro y responsabilizaron al órgano de gobierno de los jueces de generar un "retraso injustificable" sobre la ley.
De hecho, la coportavoz estatal de Podemos, Alejandra Jacinto, cuestionó la imparcialidad del CGPJ y opinó que se ha extralimitado de sus funciones, usando como "coartada" argumentos competenciales de las autonomías para provocar un retraso "injustificable" de la aprobación de la nueva ley estatal.
