Un tipo mínimo común para todas las comunidades autónomas en los impuestos cedidos como sucesiones o patrimonio. Es la propuesta que maneja el Ministerio de Hacienda tras el informe de la comisión de expertos para la reforma fiscal, unas tesis que se acercan a las ideas defendidas por la Generalitat y que chocan frontalmente con las de Madrid.
El comité de expertos enviará a finales de mes al departamento que dirige María Jesús Montero su hoja de ruta para la reforma fiscal entre la que incluirá una armonización al alza de los impuestos de patrimonio y sucesiones, tributos que ahora mismo recaudan las comunidades autónomas tras ser cedidos por el Estado.
Es decir, el informe pide que se establezca un tipo mínimo para todas las autonomías y que a partir de este cada comunidad decida si quiere incrementarlo, pero nunca bajar de ese umbral. Esta medida impediría que ningún gobierno autonómico bonificara el impuesto en su totalidad.
Esto es lo que sucede en la Comunidad de Madrid donde, horas antes de que se supiera la letra de la petición de los expertos (sobre la que todavía falta el estudio oficial por parte del ministerio así como su redacción y posterior puesta en funcionamiento), se aprobó el Proyecto de Autonomía Financiera, un plan con el que "blindarse" ante subidas de impuestos.
Con este mecanismo, el gobierno de Díaz Ayuso se dota de un nuevo instrumento jurídico que le permitirá "salvaguardar sus competencias en materia tributaria y hacer frente a una denominada armonización fiscal". De esta, la presidenta madrileña critica que es una iniciativa que solo "busca subir los impuestos a los madrileños y mermar la libertad de la región para gestionar su economía".
La armonización fiscal, o por lo menos que se establezca un tipo mínimo, es una de las reivindicaciones defendidas por la Generalitat Valenciana frente a lo que consideran "dumping fiscal" desde la capital. Según las tesis valencianas, el efecto capitalidad de Madrid le permite bajar impuestos e incluso eliminarlos y a partir de estos hacer una competencia desleal al resto de territorios con fugas de capitales desde el resto de comunidades.
En este apartado, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid se muestran como las dos caras de la misma moneda y lo que una aboga, la otra lo rechaza. Así, lo que para Ayuso es libertad, para Puig es competencia desleal y lo que para la presidenta madrileña es un ataque a su autonomía fiscal y poner palos sobre las ruedas de la economía, para el jefe del Consell supone una forma de garantizar el equilibrio territorial y el Estado del Bienestar al gravar unos tributos que afectan a las grandes fortunas.
De momento, la propuesta de los expertos a Hacienda avala parte de las tesis valencianas al reclamar que Madrid no pueda bonificar en su totalidad estos impuestos que cargan especialmente a quienes disponen de más recursos y aboga por establecer un tipo mínimo, mas no el mismo. Puig había llegado a plantear que se pusiera un impuesto especial a Madrid para reducir el "efecto aspiradora" por ser la capitalidad.
