El 10 de febrero el servicio de notificaciones del juzgado llamó a la puerta de Laura para entregarle una carta. Era una orden de desahucio para el día siguiente a las 9:15 de la mañana. Para este viernes.
Así, esta mujer de 50 años, con tres hijos de 28, 10 y 16 (esta con un 50 % de discapacidad) y su madre de 80, tenían que dejar la casa donde estuvieron viviendo cuatro décadas. "¿Cómo voy a sacar 40 años de mi vida en un día e irme?", lamenta. Sus hijos van al colegio y el instituto del barrio, a pocas calles de la casa. Toda una vida allí, en el barrio valenciano de Malilla.
Esa misma tarde, Laura contactó con el sindicato de barrio Construyendo Malilla, que se ha plantado en la puerta de su casa y finalmente han conseguido parar el lanzamiento de forma provisional, ya que la comisión judicial no se ha presentado. Pese a todo, aún no se descarta una fecha abierta, y que la comisión se presente en otro momento a lo largo de la semana porque no se ha firmado el acta de suspensión. El desahucio es por impago de la hipoteca durante casi un año, debido a unos problemas familiares que dejaron a la afectada sola con la familia.
Laura pide tiempo. Por la rapidez del proceso no ha podido tramitar un certificado de vulnerabilidad que demuestre que no tiene ingresos (hace meses se tuvo que enganchar la luz) y Construyendo Malilla solo reclama una suspensión provisional "de un mes, pero por lo menos que podamos buscar a Laura alguna alternativa y no se quede en la calle con sus hijos", explican.
En la concentración también estuvieron presentes el Sindicato de Barrio de Cabanyal, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y un abogado de la Unidad de Ayuda al Desahucio (UAD) de la Conselleria de Vivienda, que se enteró también con muy poca antelación del caso y no tenía mucha información disponible a esa hora. El piso, según cuentan los activistas, es de un fondo de inversión llamado "Servival".
Solución en el aire
En torno a las 11 de la mañana Laura rompió a llorar cuando un activista de Construyendo Malilla anunció que se había parado el desahucio, ni siquiera le salían las palabras. Son 40 años viviendo en el barrio. Pero el lanzamiento todavía puede ejecutarse, porque el aplazamiento no está firmado, y la afectada fue a servicios sociales con activistas de Construyendo Malilla para intentar encontrar una solución.
"¿Cómo voy a sacar 40 años de mi vida en un día e irme?", lamenta la afectada
La directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, cuenta que el poco tiempo de reacción les obligó a actuar rápido, y esta mañana han facilitado un papel a la afectada "por si necesitaba presentar cualquier cosa en servicios sociales inmediatamente". "Finalmente el juzgado no ha acudido y seguimos recopilando información para ponernos a trabajar en su defensa y ver qué podemos hacer", explica.
"Como el desahucio ha sido tan apresurado no tenemos informe de vulnerabilidad, ni ninguna alternativa habitacional para ella. Además es una mujer que no tiene conocimientos para entender bien las notificaciones judiciales y se dio cuenta ayer de qué era lo que realmente ocurría", cuenta un representante del sindicato.
Aunque los sindicatos temen que el caso quede en una posible fecha abierta (de momento el desahucio no está cien por cien paralizado), aseguran que "nunca va a faltar nadie dispuesto a luchar por las vecinas del barrio cuando haga falta".
En este sentido, Vivienda ha facilitado un modelo a presentar en el juzgado para la afectada ante la posibilidad de que se produzca este desahucio en abierto, es decir, "que aparezca el servicio común sin haber hecho una diligencia judicial ni notificando el día", explica Peris. En estos momentos la prioridad para Laura es acreditar que ella vive en la vivienda (en la demanda figura su marido) para asignarle un abogado de oficio y comenzar con todos los trámites.
