Si la Generalitat quiere que la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, la Agencia Espacial Española o cualquier otro nuevo órgano de Estado se instale en algún municipio de la Comunitat Valenciana ya sabe lo que tiene que hacer. El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto con el procedimiento que determinará la sede física de estas nuevas entidades estatales y el Consell podrá hacer fuerza para atraer estos organismos a tierras valencianas.
En este sentido, según la normativa elaborada por el Ministerio de Política Territorial, las administraciones que presenten candidaturas pueden ofrecer cesión de bienes inmuebles en los que poder situarse la nueva entidad, asumir los costes financieros de la instalación así como proponer medidas de apoyo al personal funcionarial que vaya a trabajar en este organismo. Estas propuestas darán puntos a la hora de valorar las candidaturas que competirán en libre concurrencia al igual que también se mirará la despoblación o la situación laboral del área.
"Se tendrá en cuenta a los empleados públicos, incorporando la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas para el traslado sin perjuicio en su carrera profesional", señala el texto del Gobierno al respecto. Entre estas ventajas que no se señalan en el texto estaría la capacidad de proposición que tuviera cada administración. Así, por ejemplo, el Consell y el ayuntamiento correspondiente que quisiera acoger una de estas sedes podría facilitar exenciones al IBI o garantizar el acceso al transporte público al funcionariado que trabaje en estas.
Las autonomías podrán presentar la candidatura de uno o varios municipios para albergar estas sedes
Porque la sede se dará a un término municipal, pero serán tanto el pleno de las entidades locales como las comunidades autónomas las que lo podrán solicitar al Gobierno. De hecho, en el caso de las autonomías o de las diputaciones podrán presentar la candidatura "de uno o varios municipios" para albergar estos organismos y se hará siempre a partir de medios electrónicos.
Para poder solicitarla, el Consell deberá prestar atención al Boletín Oficial del Estado. Será en este donde se publique el informe de la Comisión consultiva (aprobado este martes en el Consejo de Ministros y que se pondrá en marcha en un mes) con los criterios a tener en cuenta para determinar la ubicación de la sede de la nueva entidad creada. Una vez esté publicado, las autonomías (en el caso valenciano, la Generalitat) y los consistorios interesados tendrán un mes para presentar la candidatura, señalar por qué cumple los requisitos y qué ventajas podría ofrecer.
Según desgrana el procedimiento del ministerio, una vez se finalice el plazo de presentación de candidaturas, la comisión (presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y con presencia de ministerios como el de Hacienda, el de Transición Ecológica o el de Derechos Sociales) elaborará un dictamen valorando las posibles sedes, "en el que podrá incluir localidades no postuladas", y que remitirá al Consejo de Ministros. Será este el que adopte el acuerdo, que se publicará en el BOE, en el plazo máximo de seis meses desde el inicio del procedimiento.
La desconcentración de sedes es una de las reivindicaciones del ejecutivo valenciano y más en particular del 'president' Ximo Puig quien, no obstante, insiste en que no solo se saquen de Madrid los nuevos organismos sino que también se haga lo propio con algunos existentes como Puertos del Estado (para el que propone València) o el Tribunal Constitucional (para el que señala Cádiz).
Dentro de la política de descentralización de estos nuevos organismos la Comunitat Valenciana ya recibirá una. Será la nueva plataforma inteligente de destinos turísticos que se alojará en Benidorm, tal y como anunció Pedro Sánchez en su visita a la localidad alicantina en noviembre. Este Data Space irá en las instalaciones de Invatur, propiedad de la Generalitat en la capital de la Marina Baixa, y no formará parte del proceso de concurrencia aprobado esta semana. Sin embargo, sí que supone un ejemplo de cómo la administración autonómica puede ayudar en la decisión prestando uno de sus inmuebles.
