Un estudio del órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España ha venido a aportar esta semana datos relevantes a un debate muchas veces complicado como el de la política impositiva. El estudio clarifica y pone en contexto la situación fiscal valenciana al compararla con la del resto del Estado.
Y arroja luz a la cuestión de la fiscalidad que en la Comunitat Valenciana se ha convertido en eje del debate político por la reclamación de las formaciones de derecha de una bajada generalizada de impuestos. Es habitual escuchar la frase de que los valencianos sufren un «infierno fiscal».
¿Pero de verdad sufren los valencianos un infierno fiscal? A juzgar por los resultados del estudio esto sería cierto para quienes ingresan más de 110.000 euros anuales, pero las rentas más bajas no pueden sentirse especialmente agraviadas en comparación con la media española.
De hecho, la tributación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas en rentas de hasta 20.000 euros se sitúa en la Comunitat Valenciana por debajo de la media española. Un valenciano que gane 20.000 euros al año tributa menos que la media y casi 200 euros menos que un catalán, la autonomía que tiene el IRPF más elevado en este tramo.
Pero, en cambio, la Comunitat Valenciana ocupa el primer puesto en la tributación que afecta a los sueldos de los tramos más altos, los de más de 110.000 euros y está entre las siete que más grava las rentas de más de 45.000 euros.
En cambio, Madrid, la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso es la que menos obligaciones tributarias plantea a las rentas más elevadas. Quienes cobran en Madrid dentro del tramo de 110.000 hasta 300.000 son los que menos aportan de España, igual que los que están dentro de ese tramo hasta los 600.000 euros y por encima de esa cifra.
Es decir lo ricos que tributan en la Comunidad de Madrid son los que menos contribuyen con sus impuestos. Pero ocurre justo al revés en la Comunitat Valenciana. Los sueldos por encima de los 110.000 euros son los que más aportan ya que la política fiscal del Botànic hace que presenten un IRPF más elevado. El informe de los expertos deja un ejemplo de como trata una autonomía y otra al tramo más elevado. Un contribuyente con rentas del trabajo de más de 600.000 euros pagaría en Madrid 45.000 euros menos que en la Comunitat Valenciana.
Así lo constata el estudio Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral del Registro de Economistas Asesores Fiscales que, como ocurre también en informes anteriores, evidencia que la Comunidad de Madrid resulta imbatible en casi todos los tramos del IRPF, aunque esto se hace muy evidente en los sueldos más altos.
Los economistas resaltan como novedades de 2022 que cuatro autonomías, además de las forales, modifican sus tarifas del IRPF y Cataluña la retoca. Además, rebajan Patrimonio Andalucía y Galicia mientras Castilla y León casi libera de tributar por Sucesiones y Donaciones a los familiares cercanos y en Transmisiones se bajan los tipos en Andalucía y Galicia, autonomías que están gobernadas por el PP.
Mínimo exento en Patrimonio
En el Impuesto sobre el Patrimonio, el informe expone que lo más llamativo es que cuatro autonomías, Comunitat Valenciana, Aragón, Cataluña y Extremadura, han reducido los mínimos exentos; que algunas tienen tarifas más elevadas que la estatal y que en Madrid no se paga este tributo, mientras que en Galicia, autonomía que preside el futuro líder de los populares españoles, Alberto Núñez Feijóo, lo bonifica el 25%.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, desde hace tiempo se produce una competencia fiscal a la baja, advierten los expertos en el informe.
Mientras, sobre los ingresos tributarios ligados a la financiación de las autonomías, el estudio señala que, en general, han evolucionado positivamente después de la crisis. Esto ha sido así, especialmente, en los cedidos parcialmente como el IRPF y el IVA. En el caso de tributos cedidos totalmente, la cosa ha sido distinta por diferentes motivos, por su regulación, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones; o por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, como Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos Documentados.
Añaden los expertos economistas que el establecimiento de impuestos propios origina mucha litigiosidad porque se pueden invadir competencias estatales, locales o ir contra los principios armonizados en la UE. Este problema y los causados por gravar los mismos hechos imponibles de manera muy distinta podrían solucionarse con el establecimiento de determinados impuestos por el Estado cuya recaudación se cediera a las autonomías, concluyen, lo que aumentaría los ingresos territoriales.
