La gestión de los recursos humanos por parte de las administraciones públicas valencianas se ha convertido en la gran preocupación de la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana. Su director, Joan Llinares, ha señalado esta mañana que le preocupa especialmente las oposiciones en materia de Policía Local.
Ha añadido que el gran problema es la filtración de pruebas de examen y ha criticado el favoritismo que conlleva esta práctica y los problemas que genera un proceso de selección viciado que afecta a futuros agentes de la autoridad en el ámbito local. "Está en juego tener o no una Administración de calidad", ha asegurado el director de la Agencia.
El responsable de Antifraude ha presentado esta mañana en las Corts la memoria del organismo que dirige y se ha referido a los procesos de selección funcionarial, en particular a las oposiciones en el ámbito de las Policías Locales. Llinares ha anunciado que ha abierto un expediente por la oposición en la Policía Local de Alicante que ha generado polémica desde que se han conocido los detalles este lunes.
Hasta en cuatro ocasiones ha usado la palabra preocupación y ha explicado que se ha dirigido a la Conselleria de Justicia para trasladarle el problema que ha detectado. "Algo en el sistema está fallando", ha lamentado Llinares.
También ha planteado soluciones como la adopción del modelo vasco, que centraliza en un único instituto público las pruebas de oposiciones que, de esa forma, dejan de realizar los ayuntamientos y que, según Llinares, funciona.
Cerca del 50 de los expedientes de investigación de Antifraude sobre gestión de recursos humanos abiertos afectan a los cuerpos policiales locales. En total son una cuarta parte de todos los iniciados.
"Es muy preocupante", ha insistido el director de la Agencia. Sobre todo porque afecta a los cuerpos que ejercen la autoridad pública y son portadores de armamento, ha añadido. Pero se da la circunstancia de que una cuestión tan grave no encuentra el reproche en el Código Penal ya que se dan sentencias que aseguran que los hechos juzgados se han producido pero que no se puede aplicar un tipo penal porque la ley no lo recoge. En este caso, Llinares pide que se activen los mecanismos disciplinarios que recoge la ley de Función Pública porque ahí sí están tipificados.
Llinares también ha desvelado que Antifraude ha llevado a la Justicia dos casos de irregularidades en oposiciones: a la Policía Local de Benidorm y al grupo A1 de técnicos superiores de la Generalitat.
Ha explicado que ambos casos han acabado en sentencia absolutoria, si bien han considerado probado que se filtraron las preguntas, por lo que Antifraude ha instado a ambas Administraciones a abrir procedimientos disciplinarios contra los infractores.
Ha añadido que la Generalitat abrió ese procedimiento y dictó resolución disciplinaria contra la persona involucrada, que en este momento está en el contencioso porque esa persona "sigue batallando en los tribunales", y está a la espera de que el Ayuntamiento de Benidorm lo abra al funcionario que cogió una plantilla de respuestas.
Asimismo, ha precisado que en la segunda mitad de 2021 la Agencia abrió una investigación a raíz de una denuncia sobre supuestas irregularidades en las oposiciones a la Policía Local de Alicante, que aún no ha finalizado.
El director de la Agencia ha atribuido el hecho de que reciban más denuncias sobre este asunto a que ahora convocan más pruebas y a que esta entidad es más conocida tras sus cinco años de existencia y la gente tiene más confianza en ella, lo que anima a denunciar los casos de supuestas ventajas y favoritismos en estos procesos de selección.
Y mientras se complica el proceso de selección en los cuerpos funcionariales de la Administración valenciana, el incremento de la contratación de emergencia y el necesario control de este mecanismo excepcional, que el año pasado preocupaba mucho a Llinares, se mantiene entre las primeras posiciones en cuestión de expedientes aunque ahora lo que más quebraderos de cabeza produce es la selección de personal.
La memoria de la Agencia recoge que una vez acabada la pandemia se ha comprobado que esa contratación que podría considerarse de “emergencia” se ha ido “normalizando” e incluso incrementando en el año 2021 con el mantenimiento prolongado de contrataciones con adjudicaciones directas más allá de lo que podría estar justificado.
Además, la memoria de la Agencia recoge que a raíz de las investigaciones finalizadas por la Agencia en el año 2021 se superan los 23 millones de euros en cantidades que las administraciones están en disposición de recuperar.
En 2021 la Agencia recibió 359 denuncias, un 58% más que en el año 2020. Desde su creación la Agencia ha abierto 969 expedientes de investigación y en 2021 la Agencia ofreció formación a más de 1.800 personas, un 217% más que en el año 2020. Este año ha sido el de mayor número de denuncias pres entadas desde la creación
Un total de 27 personas mantienen el estatuto de protección concedido por la Agencia y durante el año 2021 desde la Agencia Valenciana Antifraude se ha ofrecido asesoramiento a cerca de 100 personas.
De las 359 denuncias presentadas el 67% de ellas , es decir, 241 denuncias, corresponde a entidades locales , mientras que un 15% (55 denuncias) hacen referencia a la administración de la Generalitat Valenciana y el 10% (39 denuncias) al sector privado. Solo un 1% (4 denuncias) se refieren a las diputaciones provinciales. Como se puede observar se mantiene la tendencia de años anteriores y siguen siendo las administraciones públicas de carácter municipal las que acaparan el mayor número de denuncias.
Finalmente, la Agencia recoge que no se han aceptado e incumplido las recomendaciones emitidas por la Agencia en las correspondientes resoluciones de conclusión de investigaciones y en concreto son el Ayuntamiento de València (en dos investigaciones), el Ayuntamiento de Cofrentes, el de Rojales y el Institut Valencià de Cultura (IVC).
