Una vez solucionado, vía ley estatal, el problema de los interinos en la Administración que lleven más de cinco años en su puesto y que podrán acceder a una plaza fija sin oposición sino por concurso de méritos, empieza la segunda parte del partido: la de aquellos que llevan desde 2016. Y en este caso, según el acuerdo entre sindicatos, Gobierno y autonomías, la pelota recae en el tejado de la Generalitat y más en concreto de la conselleria que dirige Gabriela Bravo.
Este viernes comienza una negociación sobre la que hay pendientes miles de ojos, los del personal que ocupa puestos interinos desde hace menos de cinco años y que podrían ver cambiadas sus condiciones de consolidación a la plaza y los de otros tantos candidatos a la oposición que verán en qué medida se modifican sus posibilidades de entrada a la Administración. El proceso tiene una fecha límite: el 1 de junio cuando el acuerdo debe estar sellado.
El tiempo apremia
El tiempo apremia y la idea es que, tras el encuentro de este viernes, sindicatos y responsables del departamento autonómico se vean una vez a la semana. Es la gran negociación funcionarial pendiente para Bravo tras el acuerdo a nivel estatal y la que marcará la estructura laboral de la Generalitat en los próximos años. El pacto alcanzado a finales del año pasado deja en manos de las autonomías la decisión de cómo regular el acceso de los interinos en puestos de la Administración desde 2016 a las futuras plazas convocadas.
Tendrán, como mínimo, que pasar un concurso oposición, es decir, un examen al que se añadiría la valoración de méritos como la experiencia, pero la ley abre la puerta a que este examen no sea eliminatorio en caso de no alcanzar una nota mínima como lo era hasta ahora.
