La Conselleria de Justicia no quiere que las diferencias por el requisito lingüístico para el alto funcionariado (los niveles A1 y A2) con Compromís impidan su entrada en vigor en esta legislatura. Así, según explicó este martes Gabriela Bravo, su departamento plantea llevar en las próximas fechas el texto al Consell, donde podría estancarse ante esta falta de acuerdo con el otro socio de gobierno.
"Mi responsabilidad es poner en marcha la elaboración del reglamento y llevarlo al Consell, el plazo era de un año y es lo que voy a hacer", expresó la máxima responsable del departamento que también tiene la competencia de Función Pública que calificó de "fracaso" no lograrlo antes de un nuevo paso por las urnas. En este sentido, apostó por "buscar soluciones" dentro del gobierno de coalición en el que existen "puntos de vista diferentes en algunos temas", concretamente, en si reclamar un B2 o un C1 al personal del nivel más alto de la Administración.
Según el informe elaborado y consensuado por la Comisión de Competencia Lingüística, todos los niveles del funcionariado cuentan con el acuerdo de los directores generales y secretarios autonómicos implicados en la negociación, salvo en el último, el más alto, los A1 y A2. Ahí, los criterios se diferencian entre los firmantes de Compromís y los del PSPV.
En este sentido, los de la coalición, como el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, proponen que se pida un C1 o, cuando se reclame un título universitario, se exija un B2 con una moratoria de dos años hasta obtener el C1. Por su parte, la propuesta de representantes socialistas como el subsecretario de la conselleria, Salvador Broseta, es reclamar el B2 "sin perjuicio" de solicitar un C1 "en la catalogación de plazas concretas que así lo exijan".
Justicia insiste en no pedir más requisito que el que el nivel educativo otorgue
No obstante, dentro de estas vías de negociación, para Bravo "un acuerdo razonable" supone "no exigir un plus más alto del que el nivel educativo pueda garantizar". Es ahí donde las miradas se posan en la Conselleria de Educación. En este sentido, la consellera reclamó a su compañero en el ejecutivo valenciano, Vicent Marzà, que adecúe la homologación y acredite hasta un C1 en valenciano a aquellas personas que completen el Bachillerato.
El modelo que aparece de ejemplo es el gallego, el mismo en el que se apoyan en Compromís para que se pida un C1 al alto funcionariado para su acceso a la función pública. La diferencia a la que apuntó la consellera es que en Galicia cuando se termina el último nivel preuniversitario se otorga al alumnado que lo finaliza un C1, mismo nivel que se convalida también en Cataluña. "Si vamos a implementar un modelo, que sea todo en su magnitud, no solo el final", insistió Bravo.
La titular del departamento defiende que con su propuesta se evita que el valenciano "sea tratada como una lengua menor o un mérito" y se sitúa "al mismo nivel que el castellano". "Si estamos diciendo que el sistema educativo garantiza que se hablen bien las dos lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana no se tiene que cuestionar esta capacidad adquirida", reivindicó la consellera.
Asimismo, destacó que este requisito lingüístico no afectaría a las convocatorias que están actualmente en marcha y a las que se impulsarán a lo largo de este 2022, entre ellas, la extraordinaria para la estabilización de 3.009 plazas. Por ello, Bravo anunció que se estudiaría un "periodo mínimo de transición" entre uno y dos años.
