Los agricultores valencianos podrán seguir con las quemas agrícolas, pese a la prohibición de la Ley de Residuos para la Economía Circular. La Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica despejaba ayer las dudas generadas por la normativa estatal, aprobada el pasado mes de abril. Mollà anunciaba que autorizará el fuego de forma individual, mediante una declaración responsable, por motivos fitosanitarios y para evitar el riesgo de incendio. Una medida aplaudida por AVA-Asaja y la Unió de Llauradors, que un día antes habían animado a la «desobediencia» del campo.
En el territorio valenciano, con plagas preocupantes como el cotonet o la xylella, la eliminación definitiva de las podas se sabe indispensable para acabar con posibles reservorios. Idéntica situación se da con los restos arbustivos que pueden convertirse en combustible altamente inflamable cerca de terrenos forestales. Así, todos los municipios con planes y ordenanzas locales de quema presentados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley podrán seguir sin problema con las quemas.
La propia consellera Mollà señalaba que la moratoria abarcará tres años de transición para adaptarse a la nueva legislación del Gobierno. De los 542 municipios de la Comunitat Valenciana, 392 cuentan con Planes Locales de Quemas y otros 33 presentaron la documentación antes de la entrada en vigor de la ley a los que se añaden aquellos que han arbitrado ordenanzas locales. Casi el cien por ciento de las entidades locales, señalaban desde el departamento de Mollà.
Dicha planificación contempla las singularidades de cada territorio e incorporan los conocimientos de los sectores implicados, con el fin de asegurar al máximo la conservación de los montes frente al riesgo de incendio forestal. Agricultura reforzará, además, las ayudas destinadas a los municipios - cuyo plazo está abierto hasta el 19 de mayo - para la promoción de sistemas alternativos para la eliminación de los desechos de los cultivos.
Derogación del artículo
Mollà subrayaba la «necesidad de dotar de seguridad al sector agrario mediante una transición progresiva y acompañada que facilite la adaptación a un modelo de Economía Circular y gestión sostenible de los residuos». Como todos los años, desde el 1 de junio al 16 de octubre ya no se podrá quemar atendiendo a la normativa autonómica en prevención de incendios (una cuestión totalmente asumida por los agricultores) y por ello quedaban ya pocos días para deshacerse de los restos de poda, dejando en una clara situación de indefensión a numerosos agricultores justo en un momento donde muchos cultivos precisan de esta práctica.
Aunque los sindicatos agrarios agradecían la implicación de la Conselleria de Agricultura, ayer insistían en reclamar la derogación del artículo 27.3 de la referida Ley que incluye los restos de poda y agrarios en la prohibición general de quemas, «como si se tratara de residuos artificiales»
