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Los funcionarios locales intentan resolver las dudas sobre la ley de reducción de la temporalidad

Más de un centenar de personas han asistido al curso sobre la aplicación de la legislación estatal y autonómica al personal interino y temporal en los procesos de estabilización del empleo público

Funcionarios atienden a algunos usuarios en la Agencia Tributaria

En menos de 15 días empiezan a correr los plazos de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Los colectivos encargados de identificar las plazas que deben ser incluidas en la oferta de empleo extraordinaria y de la gestión de los proceso selectivos (Funcionarios/as con Habilitación de Carácter Nacional junto a los técnicos de personal de la Administración Local) hacen frente a las dudas en la aplicación de esta ley a través de cursos formativos.

Así, más de un centenar de personas han asistido al curso organizado por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia (COSITAL Valencia) y la Asociación Valenciana de Técnicos de Personal de la Administración Local (AVTPAL), sobre la aplicación de la legislación estatal y autonómica al personal interino y temporal en los procesos de estabilización del empleo público.

El objetivo ha sido aclarar dudas de los profesionales de la Administración Local que deberán concretar el personal temporal de sus plantillas afectado y diseñar el desarrollo de los procedimientos en cada entidad local para que las plazas ocupadas con carácter temporal sean ocupadas de manera definitiva por un titular, ya sea como funcionario de carrera o como personal laboral fijo.

José Luis Serrano, viceinterventor de la Junta de Gobierno de COSITAL Valencia, destaca “las dificultades de partida de la citada norma que se tramitó inicialmente como Decreto Ley negociado con sindicatos mayoritarios, pero que finalmente fue un proyecto de ley con diversas enmiendas y la complejidad de conjugar las exigencias de la UE y los principios constitucionales de acceso a la función pública”. Por todo eso, asegura que “se trata de un texto con considerables contradicciones y vacíos para su aplicación, lo que conlleva a una gran dificultad técnica en su aplicación y previsiblemente genere alta conflictividad e incluso posibles recursos a las convocatorias que se realicen”.

Por ello, Serrano ha demandado a la Diputación de Valencia "mayor asistencia y colaboración con los ayuntamientos, especialmente a los de pequeño y mediano tamaño, para poder cumplir los plazos, ya que la fecha límite para publicar el listado de plazas a estabilizar es el próximo 1 de junio y la publicación de la convocatoria de los procesos selectivos debe producirse antes del 31 de diciembre de este año".

Asimismo, Serrano explica que “la rigidez de las leyes de presupuestos por el rescate de la Unión Europea que impidieron la reposición adecuada de las plazas generadas por jubilaciones y el aumento de personal propio en las entidades locales por nuevos servicios de los que muchos deberían ser prestados por las CCAA, han motivado el desproporcionado incremento de la tasa de temporalidad totalmente alejada del objetivo marcado por la ley 20/21 del 8%”. Y es que en la actualidad existe un 32,5% de empleados no fijos en la administración pública que se queda en el 25% en el ámbito local. Los empleados no fijos en el sector público superan al sector privado en más de 10 puntos y el número total de empleados públicos con contrato temporal es de 1,13 millones según la última Encuesta de Población Activa. 

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