La provincia de Alicante se plantó este martes frente a la próxima aprobación del Plan Hidrológico del Tajo, que recortará con el aumento de los caudales ecológicos, en principio, un tercio (105 hm3) el envío de agua a Alicante y Murcia. Una cantidad imposible de sustituir por precio con el agua desalada en Torrevieja, a no ser que se establezca una tarifa de 0,30 euros el metro cúbico cuando solo producirla cuesta 1,2 euros. La concentración de ayer fue un éxito y como primera consecuencia, la vicepresidenta Teresa Ribera ha convocado a una reunión al Sindicato Central de Regantes de Tajo-Segura el viernes en la sede del Ministerio de Transición Ecológica en Madrid.
Unos tres mil regantes, empresarios, vecinos de Alicante y políticos de todos los colores (1.500 según la Policía y 4.000 según los organizadores) participaron en una concentración en la plaza de la Montañeta de Alicante, enclave simbólico donde está la sede de la Subdelegación del Gobierno, para mostrar el hartazgo y entonar el ‘Basta ya’ por una decisión que no se sostiene «ni técnica ni socialmente», como volvió a afirmar desde València el president de la Generalitat, Ximo Puig, ausente físicamente en la protesta.
Puig defendió el trasvase huyendo de posiciones «fundamentalistas y viscerales», criticando además «las guerras del agua que nunca han beneficiado a nadie». «Las guerras del pasado del PP fueron al final un desastre para los regantes y no se avanzó en nada». El jefe del Consell recordaba que las alegaciones de la Generalitat al plan hidrológico «son razonables» y se han redactado de manera técnica, defendiendo también que mediante el diálogo se ha conseguido acuerdo en el trasvase Júcar-Vinalopó.
Respaldo del Botànic
Sí se volcó una parte significativa del Consell, el PSPV, Compromís, Vox, y el PP, con dos pesos pesados, Carlos Mazón, líder popular en la Comunitat Valenciana y presidente de la diputación alicantina y Fernando López Miras, presidente de Murcia. Por su parte, la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, se mostró inflexible. «Si el Gobierno no cede y mantiene el aumento del caudal ecológico iremos a los tribunales», reiteraba.
También acudió como nueva síndica del PSPV en las Corts la exconsellera Ana Barceló, quien calificó de «irrenunciable» el trasvase y que su formación lo defenderá «con uñas y dientes» a través del diálogo.
Junto a los agricultores también acudió representación significativa de la patronal alicantina como Joaquín Pérez, Salvador Navarro y Francisco Gómez (CEV-Alicante), Juan José Sellés (Uepal), Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio y Carlos Baño, presidente de Facpyme, al margen de pequeños empresarios hortofrutícolas de Elx, la Vega Baja, Murcia y Almería. Precisamente uno de ellos, Juan, subrayaba al ver cómo se repartían miles de kilos de naranja, que él las había vendido a seis céntimos el kilo y que así era imposible competir con Marruecos.
El presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, incidió en que «no hay justificación alguna intentar reducir los caudales que llegan hasta aquí basándose en unas pretensiones que no existen», porque «el Alto Tajo está perfectamente equilibrado y el agua es de buena calidad. «El problema que tiene es la mala depuración del agua que viene de Madrid. No puede el Gobierno aprobar dos planes de cuenca que son contradictorios», indicaba.
