El PSOE ha registrado este jueves una proposición de ley que busca perseguir el proxenetismo en todas sus formas y sancionar a los hombres que acudan a la prostitución con multas y penas de prisión de hasta tres años si la persona prostituida es menor o se encuentra en situación de vulnerabilidad, una propuesta que va en la línea de lo aprobado en el Congreso Federal del partido celebrado en València en octubre y en el que la federación valenciana lleva insistiendo desde el año pasado.
En su texto, el PSOE plantea castigar toda clase de proxenetismo, sin que sea necesaria la relación de explotación, y también la tercería locativa, que configura una modalidad agravada del delito de proxenetismo, con aumento de la pena. Señala que las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos, por lo que serán multados.
En concreto, el texto contempla multas de entre 12 y 24 meses y penas de prisión de entre 1 y 3 años y multas de 24 a 48 meses en el caso de que la persona prostituida sea menor de edad o una persona en situación de vulnerabilidad. Según el artículo 50 del Código Civil, la multa pude ir desde los diez días a los dos años y el importe, de dos euros diarios a 400, según determine el juez tras analizar la situación económica del condenado
"En ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución", puntualiza el documento presentado por la formación socialista.
Esta propuesta va en la línea de las ordenanzas municipales planteadas por el PSPV en la Comunitat Valenciana. En este sentido, la Consellera de Justicia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias han elaborado y enviado a los ayuntamientos un modelo de ordenanza en el que se plantean multas de hasta 3.000 euros a los clientes. La propuesta legislativa del PSOE en el Congreso le añadiría la sanción penal.
A esto se añadirías el plan que maneja el gobierno valenciano para a través de la vía administrativa multar y clausurar a aquellos establecimientos en los que se realicen estos actos sexuale y que se mantiene al margen de los vaivenes del parlamento estatal. Es una forma de recuperar la llamada tercería locativa con sanciones (solo económicas) para quienes se lucren ante la cesión de inmuebles en los que se lleva a cabo la prostitución.
"Ya no habrá excusas para decir que éste no es el momento"
El PSOE confía en contar con el mayor apoyo posible de los grupos parlamentarios "más allá de los vetos cruzados" para sacar adelante una ley, explicó la vicesecretaria general de la formación, Adriana Lastra. "Estoy convencida de que no estamos solas porque tenemos el apoyo del movimiento feminista y la mayoría de los grupos parlamentarios, que ya no tendrán excusas para decir que este no es el momento o la ley para abolir la prostitución", dijo.
Lastra se refirió a la aprobación ayer del dictamen de la ley de garantía integral de la libertad sexual, una norma impulsada por el Gobierno y en la que el PSOE -ha dicho- ha trabajado "mucho y muy duramente" durante su trámite parlamentario y ha explicado que para su partido la prostitución es una forma de violencia sexual contra las mujeres.
"Por eso desde el principio hemos defendido una ley que tipifique penalmente el proxenetismo y la tercería locativa", porque para el PSOE hacerlo de otro modo significa ignorar la realidad de la explotación sexual en la que viven miles de mujeres en España.
